Deseo que 2017 sea un buen año para España y los españoles. No sólo lo expreso como formula social, sino, tras alcanzar estabilidad política, deseo que continúe el crecimiento económico en España, se cree empleo y que los conciudadanos que pretenden trabajar encuentren un sitio en el mundo laboral sea como autónomo o empleado. El trabajo genera autoestima a cada uno de nosotros, es escuela de vida e ingresamos un salario; es mucho mejor un trabajo, aunque modesto, que sufrir el paro que es la primera preocupación nacional, aunque se perciba algún subsidio o se tenga la esperanza (utópica) de que algún grupo político “pague” alguna renta universal y vitalicia, a cambio de nada, que pagaríamos los contribuyentes a través del presupuesto. Existe una relación directa entre el nivel de empleo y el bienestar social: a más, más, y a menos, menos.
2016 ha sido un buen año para el trabajo. Se han creado casi 530.000 empleos y hay 400.000 desempleados menos, cotizamos a la Seguridad Social casi 18 millones pero el paro registrado es todavía muy elevado, alcanza a 3,8 millones de personas activas. Para seguir la senda del crecimiento económico y creación de empleo hay que continuar con las reformas estructurales ya que nuestra sociedad necesita vivir en un clima socioeconómico en el que concurran los elementos que impulsan la economía y que son propios de la democracia liberal. Estos elementos, son: respeto a la iniciativa privada empresarial, un marco legal adecuado en sus vertientes burocrática, laboral y fiscal, y un sistema financiero que facilite el crédito a las iniciativas de quienes asumen riesgo.
1.- Espíritu emprendedor empresarial. La iniciativa privada debe prestigiarse con el reconocimiento social desde la escuela, la TV, los medios, etc. Los libros de texto deben explicar la trascendencia que tiene la iniciativa privada en el tejido empresarial de España en donde la pequeña y mediana empresa crea más del 62% del PIB y más del 90% de los puestos de trabajo. El esfuerzo personal, la asunción de riesgo y el reto de organización del negocio necesitan del respeto social y la comprensión de que el beneficio es la compensación lógica; sin embargo, en España, hay aversión al riesgo y aversión a quien obtiene beneficio con su iniciativa empresarial. Así, hay encuestas sobre la aspiración laboral de los españoles jóvenes en edad de empezar a trabajar y más del 80% de los jóvenes aspiran a ser funcionarios públicos lo que prueba la falta de ambición personal y de admiración al papel del empresario en la sociedad.
El Observatorio Global de la Actividad Emprendedora (Informe GEM España 2015, de Fundación del Pino; Banco Santander y otros) mide el porcentaje de emprendedores en relación a la población activa de diversos países; España ocupa en este índice el puesto 22 de los 28 países analizados con el 5,7% de emprendedores sobre la total población activa. En Europa, los países más emprendedores son Letonia 13,3%, Holanda 9.6%, Austria 9,5%, Portugal 8,6%, Reino Unido 8,5% y, España se encuentra entre los últimos puestos.
2.- La burocracia. Es algo admitido que las administraciones públicas frenan la creación de empresas y recargan las obligaciones de quienes se atreven a iniciar un negocio; para emprenderse debe sufrir y superar un laberinto de licencias municipales, larga espera, proyectos técnicos cada vez más complejos, y servicios administrativos con exigencias, a veces, arbitrarias, así como soportar los gastos correspondientes. Los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Estado deberían facilitar el arranque de las empresas estableciendo una oficina o ventanilla única y exigir unos requisitos asequibles para el establecimiento. Ya hay experiencias satisfactorias en otros países, basta con comprobar estas experiencias.
3.- El marco legal laboral condiciona muchas decisiones de inversión empresarial por las elevadas cotizaciones sociales y costes de extinción de los contratos laborales. España necesita mantener vigente la reforma laboral legal reciente porque ha sido útil, y seguir avanzando para que tantos costes no frenen proyectos de inversión ni atemoricen a los empleadores que pueden optar por otros países. En esto la jurisdicción laboral ha de aplicar las leyes respetando el espíritu de las reformas.
4.- La reforma urgente del Impuesto de Sociedades ha introducido alarma empresarial por inseguridad jurídica y fiscal.
La CEOE ha publicado el 28-12-16 (ceoe.es) un informe en el que critica la reforma fiscal del RDL 3/2016 de 2 de diciembre que ha subido los impuestos sobre el tabaco, alcoholes, IBI y, especialmente, el Impuesto de Sociedades en el que se han introducido serios cambios en el hecho imponible y en las deducciones. Ha sido un viaje de último “minuto”. El Gobierno, con esta actuación urgente, intenta cumplir el nivel de déficit presupuestario del 4,6% del PIB español en 2016 y el previsto del 3,1% en 2017 comprometido con la Comisión de la Unión Europea en el ámbito de la estabilidad presupuestaria; para ello, ha buscado 4.600 millones de ingresos adicionales en 2016 exigiendo el adelanto de ingreso del impuesto de sociedades a las empresas de mayor tamaño en España. Lamentablemente, el gobierno no se ha planteado reducir los gastos corrientes de las Administraciones Públicas ni a corto ni a medio plazo. Por ello, la crítica es merecida y el camino elegido no es adecuado.
Esta búsqueda urgente de ingresos públicos acredita que el presupuesto público padece un grave desequilibrio estructural; en efecto, se sabía que en 2016 se iba a producir un déficit superior al previsto por ser año electoral y porque el Gobierno estaba en funciones, pero el rigor presupuestario es un concepto básico en la Unión Europea. De ahí se deduce el “ahogo presupuestario endémico”, que ordena reducir los costes “fijos” y los gastos corrientes de las administraciones públicas, así como mejorar la gestión en sanidad, educación y universidades. Hay que buscar eficiencia en el gasto, con transparencia, ya que la presión fiscal es casi del 50% del PIB y se corre el riesgo desincentivar a los empresarios, y de que los ciudadanos pierdan el estímulo al trabajo por tan altas retenciones e impuestos.
CONCLUSIÓN: En 2016 han salido del desempleo casi 400.000 personas. Conviene que la economía española siga creciendo y continúe la senda de creación de empleo durante 2017 y años sucesivos; ello requiere estar alertas ante riesgos previsibles como el aumento del precio del petróleo y las subidas de tipos de interés, y es esencial la colaboración de las instituciones; el Gobierno debe controlar el déficit y evitar el incremento de la presión fiscal; las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos deben facilitar en establecimiento de empresas sin recargar la burocracia; y la sociedad española debe reconocer a los emprendedores como motores de la economía y merecedores en la obtención de beneficios.
