Algo más de 36.000 euros al mes destina la Consejería de Bienestar Social en el sostenimiento de las plazas de algo unos doce menores extranjeros no acompañados, en su mayoría antiguos niños de la calle, en centros de trastorno de la conducta peninsulares. Lo que se persigue con ello, según indicó Daniel Ventura, es poder ofrecer a estos jóvenes la terapia personalizada y profesional que precisan para su reintegración social. Manifestó que estos casos ponen de manifiesto la problemática con la que llegan a la ciudad buena parte de esos numerosos jóvenes y menores marroquíes que rechazan normas y sólo buscan marcharse como polizones. El sistema de Protección de la Ciudad Autónoma atiende actualmente a algo más de 500 menores extranjeros no acompañados, entre los más de 300 del Centro Purísima, los 120 de Gota de Leche, las 30 niñas de Divina Infantita, así como las plazas que la Consejería tiene concertadas en centros peninsulares, tanto de acogida como especializados.
"Después tenemos un número indeterminado de jóvenes que la Policía lleva al centro de Purísima y que se marchan a la menor oportunidad porque no están dispuestos a aguantar normas ni límites. El motivo es que nunca han tenido normas ni las han aceptado. Llegan con la idea de poder irse de polizones. Estos chicos no pueden estar en centros normalizados", reconoció el consejero.
Problemática
La mayoría de estos jóvenes de la calle, que "han crecido sin el apoyo de sus familias", arrastran "problemas de conducta, diversos trastornos y además adicciones a distintas sustancias". Intervenir resulta una tarea compleja, según reconoce Daniel Ventura, porque "nos encontramos con su oposición a ser atendidos". Lo que se busca es que puedan ser diagnosticados y derivados a centros especializados en los que reciban el tratamiento psiquiátrico que precisan. "Estos niños terminan en centros de tratamiento de la conducta en la península que sufragamos desde la Ciudad Autónoma", reconoció. "Son jóvenes que tienen multitud de problemas y eso es lo que les impide llevar una vida normalizada, por lo que hay que intervenir desde el punto de vista psiquiátrico".
Por ese motivo Bienestar Social tiene concertada una serie de plazas residenciales en centros especializados en el tratamiento de los trastornos de conducta que suponen un aporte mensual que supera los 36.000 euros, unos 432.000 euros al año. "Tenemos unas doce plazas concertadas. La mayoría son menores extranjeros no acompañados, niños de la calle principalmente, pero también tenemos varios casos de niños de Melilla de hogares desestructurados".
Violencia
El diagnóstico se hace complejo desde el momento que el menor se niega a ser trasladado a un centro de acogida desde el que poder derivarlo a los servicios sanitarios. "Hemos tenido casos de niños de la calle que cuando hemos intentado llevarlos al servicio de salud mental, montan en cólera y se vuelven agresivos, precisamente por su estado de salud. Por ese motivo los tres últimos traslados de menores diagnosticados a centros especializados de la península, que eran dos niños de la calle y uno de Melilla, se han tenido que realizar con apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en ambulancia medicalizada", relató.
El consejero reiteró en que "son niños de la calle en una situación extrema y por ese motivo el juez de menores es el que ordena, en función del informe del Centro de Salud Mental, el internamiento del menor en estos centros, aún en contra del deseo del joven".
Las clínicas peninsulares a las que han sido derivados esta docena de menores "son centros especializados, muy caros, con plazas limitadas". Son instalaciones multidisciplinares donde el menor "va pasando cada día por distintos profesionales de forma individualizada, así como por terapias de grupo". "Lo que se busca es la reeducación completa del chaval", afirmó. Daniel Ventura reconoció que estos centros son muy costosos, "más de tres mil euros al mes por cada plaza, y es que cada instalación está especializada para un tipo de trastorno diferente, que requieren importantes plantillas de profesionales".
Reconoció Daniel Ventura que no todos los menores que llegan a la ciudad y que presumiblemente padecen algún trastorno psiquiátrico pueden ser atendidos, porque "además de ser un pozo sin fondo, el coste sería imposible de asumir por la Ciudad Autónoma".
Aumento de jóvenes extranjeros en la calle
Por otra parte, el consejero reconoció que en las últimas semanas se ha venido apreciando un aumentado en el número de jóvenes extranjeros por las calles de la ciudad. Se trata de adolescentes y jóvenes adultos "que por su fisonomía o forma de vestir, llevan a la conclusión de quienes los ven de que se trata de menores no acompañados, pero la realidad es que la amplísima mayoría tienen más de 18 años, incluso hemos llegado a tener en Purísima a uno que decía tener 17 años cuando en realidad tenía más de 25 años".
La entrada a Melilla la realizan "aprovechándose del acuerdo de vecindad que existe y que permite a gente de las localidades próximas a la ciudad poder entrar y salir, lo mismo que a nosotros el ir y venir". "Estos jóvenes lo tienen bien aprendido y se aprovechan de estas facilidades para entrar. Pero no son menores de edad". Explicó Ventura que la mayoría de esos jóvenes, junto a adultos también marroquíes, son localizados por la Guardia Civil en la zona del puerto comercial, intentando viajar como polizones. "Según datos de la Guardia Civil, de las 150 personas que a diario son descubiertas en el puerto, el 80% son mayores de edad".
