Para la mayoría de los ciudadanos la Justicia en España es lenta, pero también inexorable, y una vez que la maquinaria se pone en marcha no hay quien la detenga, como corresponde a un país democrático en el que, por encima de todo, hay que cumplir la Ley. Habrá, por tanto, que esperar, pero finalmente deberá imperar aquello de que "el que la hace, la paga" Mientras que para algunos resulta incomprensible y para otros muchos casi esperpéntico el apoyo que todavía genera en determinados ambientes el cantamañanas de Carles Puigdemont, huido de la justicia española y refugiado en Bruselas y no un reyezuelo en el exilio como intenta parecer, el político catalán está llegando a unos niveles de desfachatez que ya empiezan a resultar patéticos.
Es difícil entender que un personaje que ha provocado la fuga o estampada de Cataluña de 2.500 empresas punteras y serias, que ha creado una brecha y una desunión entre los propios catalanes y con el resto de España que puede tardar mucho tiempo en reconducirse a la normalidad que debe imperar entre ciudadanos de un mismo país, cuenta aún con apoyos ya que con su cobarde postura ha hecho mucho daño a sus propios compañeros que están dando la cara ante los tribunales españoles. Estas y otros muchas circunstancias hacen, realmente incomprensible medidas como la protagonizada por los dos centenares de alcaldes de localidades catalanas que emprendieron un vieja a Bruselas para rendir pleitesía al “valiente” personaje refugiado en la capital, sede de las más altas instituciones europeas, -que como no podía ser de otro manera le han dado la espalda. La última machada del personaje es realizar la campaña electoral para los comicios del próxima 21 de diciembre desde el corazón de Europa, por no tener el arrojo de hacerlo desde España.
Un viaje, el de los alcaldes, que ha provocado muchas dudas en torno a su financiación ya que todo apunta que mientras algunos sufragaron los gastos del trayecto de sus propios bolsillos otros lo hicieron, tal como algunos han reconocido, con cargo a los presupuestos municipales, es decir, empleando el dinero de los contribuyentes con fines a todas luces partidistas.
Tampoco está muy clara, para muchos, la procedencia de los fondos de la ANC que asegura haber pagado los 100.000 euros de fianza que evitarán la cárcel preventiva a los miembros de la Mesa del Parlament. La Asamblea Nacional Catalana efectuó el pago de la fianza impuesta por el Tribunal Supremo, el pasado jueves a los miembros de la Mesa, Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Guinó y al que fuera también parte de este órgano Lluís Corominas. Y han sido fuentes de la propia entidad las que han señalado que el pago se hecho con los fondos de la caja de solidaridad de la ANC, según dicen, creada para hacer frente a los procesos judiciales abiertos contra cargos soberanistas y que se nutre a partir de donaciones de los ciudadanos. Una situación que posiblemente tengan a corto plazo que demostrar.
Ahora es el Ministerio de Hacienda quien, de momento, ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, a través del secretario de Estado, José Enrique Fernández de Moya, que compruebe si los casi 200 alcaldes independentistas que se desplazaron hasta Bruselas para apoyar a Carles Puigdemont, pagaron el avión en el que viajaron y los gastos del acto con fondos públicos o de sus bolsillos. Esta denuncia responde a la sospecha del Ministerio de que, efectivamente, no todos los regidores costearon el desplazamiento con su propio dinero, ya que algunos alcaldes reconocieron que habían destinado dinero público para la ocasión.
Para la mayoría de los ciudadanos la Justicia en España es lenta, pero también inexorable, y una vez que la maquinaria se pone en marcha no hay quien la detenga, como corresponde a un país democrático en el que, por encima de todo, hay que cumplir la Ley. Habrá, por tanto, que esperar, pero finalmente deberá imperar aquello de que “el que la hace, la paga”.
