Hace 39 años, el 6 de diciembre de 1978, unos políticos de muy diversas ideologías, unidos por la sola idea de buscar la concordia y la paz entre los españoles concibieron y dieron a luz a una criatura jurídica que ha sido capaz después de casi cuarenta años, de protagonizar el período más largo de convivencia y desarrollo de nuestra nación, además de proporcionarnos un largo período de progreso y libertad.
Hoy nuestra sociedad dista mucho de aquella que fue capaz de cerrar de una manera ejemplar para el mundo, un largo período de nuestra historia protagonizada por la dictadura y la modélica transición española a la democracia. Los profundos cambios que se han producido como consecuencia de los avances tecnológicos, la desaparición de barreras y fronteras y una globalización que fagocita las caducas ideologías nacionalistas, nos exigen un esfuerzo de capacitación y adaptación a una nueva era enmarcada fundamentalmente entre lo digital y lo supranacional.
Es evidente que estamos viviendo en España uno de los períodos más convulsos y determinantes de nuestra reciente democracia. La grave situación que hoy sufre Cataluña como consecuencia de la deriva independentista que pretende conducir a esa región española en dirección contraria al resto de pueblos y naciones europeas, requiere un “retoque” de nuestra Carta Magna para superar las viejas tendencias de los recalcitrantes independentistas que solo pretenden encartonarse en su nostalgia soberanista.
Los gobernantes y políticos no pueden vivir bajo el exclusivo prisma de su lógica electoral dirigida a mantener o conseguir el poder. Deben tratar de comprender en profundidad, la lógica de los ciudadanos que, como está ocurriendo en Cataluña, sufren en sus carnes día a día, los graves problemas del desempleo, de una educación desintegradora y sectaria o de una inseguridad jurídica y económica provocadora de una inconcebible fuga de sociedades y empresas hacia otros territorios de España.
Repensar y reordenar las competencias del Estado en su distinta arquitectura local, provincial o autonómica, que hoy son generadoras de tanta tensiones, desigualdades y gastos es una tarea que se debería acometer sin dilación. La Constitución no debe ser reformada desde los despachos de políticos o juristas, se necesita conocer las inquietudes de colectivos y ciudadanos a quienes afectan las decisiones de quienes les gobiernan.
La Constitución Europea, frustrada por los sendos referéndums de Francia y Holanda en el año 2003, se elaboró por el método de una Convención que debatió y elaboró conclusiones después de escuchar a los representantes de los Estados, instituciones y sociedad civil. Pongámonos también nosotros manos a la obra, y convirtamos a nuestra Carta Magna en una herramienta que, adaptada a los apasionantes retos que nos plantea nuestra integración europea, sea capaz de dar respuesta a una nueva sociedad que nos demanda un mayor compromiso con sus problemas reales y cotidianos.
.No podemos ni debemos estancarnos porque la sociedad y sus instituciones evolucionan y ello exige poner al día nuestras reglas de juego y normas para evitar vacíos y riesgos en su funcionamiento, como acabamos de comprobar con la aplicación del ya afamado art.155. El cambio es ley de vida, decía un prestigioso político estadounidense. “Cualquiera que sólo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro”.
