El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas urge al Gobierno a modificar el Protocolo Marco de actuación con menores extranjeros no acompañados y a adoptar medidas para asegurar que los niños que llegan son correctamente identificados como tales en frontera, mejorar su acceso al procedimiento de asilo y garantizar condiciones adecuadas en los centros donde se les aloja, especialmente en Ceuta y Melilla. Así lo dice en las conclusiones y observaciones que el Comité a remitido a España tras el examen periódico del cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño al que el Estado se sometió el pasado 22 de enero, una sesión en Nueva York donde la delegación española se sometió al escrutinio de los expertos de Naciones Unidas sobre la información que previamente habían recabado de las autoridades y también de las organizaciones de infancia de la sociedad civil.
El informe final, dedica dos de sus 17 páginas a abordar la situación de los menores extranjeros que llegan a España sin compañía de un adulto. El Comité expresa su "preocupación" por el uso de "pruebas intrusivas" para la determinación de la edad de estos chicos y chicas, "incluso en los casos en que los documentos de identidad que portan parecen ser auténticos" y "a pesar de varias decisiones del Tribunal Supremo sobre esta práctica".
No a la devolución
Por ello, "el Comité urge al Estado parte a revisar la Ley 26/2015 (de Protección de la Infancia) y el Protocolo marco de actuación con menores extranjeros no acompañados para garantizar que están alineados con la Convención de los Derechos del Niño", para lo que urge a adoptar una serie de medidas. Entre ellas, pide al Estado que "desarrolle un protocolo uniforme sobre la determinación de la edad que sea multidisciplinar y respetuoso con los derechos humanos y sólo se utilice en casos de seria duda sobre la edad alegada y considerando la documentación u otras formas de acreditación disponibles".
Asimismo, urge a "poner fin a la práctica de devoluciones automáticas de algunos menores, garantizando que todos los procedimientos y estándares están en concordancia con su condición de niños y con la legislación nacional e internacional". En este capítulo, "urge al Estado" también a adoptar medidas para "asegurar la protección legal efectiva" de estos menores "en todo el territorio", "garantizar que se les aplica el principio de no devolución", primar el interés superior del niño en estos casos y dar formación adicional y orientación a los profesionales concernidos para garantizarlo.
Tráfico de seres humanos
Quiere además, que se impulse la recogida de datos sobre estos niños para que todos los agentes implicados puedan compartir información sobre casos de menores solos, víctimas de tráfico de seres humanos o solicitantes de protección internacional. De hecho, este es otro asunto que preocupa al Comité, entre otras razones, por "la ausencia de un reglamento actualizado de la Ley de Asilo –desarrollo normativo que está pendiente desde 2009– sin el que los niños no son reconocidos como solicitantes de protección internacional por sí mismos", porque las condiciones de recepción de estos niños están "por debajo de los estándares" y porque se les deniega libertad de movimiento para viajar a la Península desde Ceuta y Melilla.
"El Comité urge al Estado parte a facilitar el acceso a un proceso justo y eficiente de asilo a los niños que necesitan protección internacional, independientemente de cuál sea su país de origen, e informarles sobre su derecho a hacerlo", dicen las observaciones, en las que urgen a España a aprobar el reglamento de la Ley de Asilo y a formar a los profesionales de esta rama para atender a los niños.
Niños víctimas de trata
En el área de menores migrantes, destaca asimismo la petición al Estado de implementar un protocolo para la identificación de niños y niñas víctimas de trata y tomar medidas para evitar que dentro de su territorio caigan en estas redes. El informe trata otros muchos asuntos relativos a la protección de la infancia en España. Reclama así medidas contra la violencia sobre los niños porque "si bien los castigos corporales están prohibidos" en todos los ámbitos, "el Comité tiene constancia de que en los hogares, persiste".
Llama en este sentido al Estado a aprobar una Ley Integral de Violencia contra la Infancia, que garantice de una forma global la protección de los niños a todos los niveles, y conlleve un marco de coordinación entre administraciones e instituciones para responder en casos de violencia.
Mejorar los centros de acogida
Asimismo, urge a establecer "instalaciones adecuadas para recibir a estos niños, especialmente en Ceuta y Melilla y para los niños que llegan por mar a la costa andaluza, con asistencia legal especializada, intérpretes formados adecuadamente, espacios adaptados a la infancia y agilizar la tramitación y los traslados de los niños solicitantes de asilo y sus familias".
Precisamente sobre las fronteras, urge a "dotar a la policía de frontera y a los profesionales implicados con la capacidad de identificar adecuadamente a los niños y sus especiales necesidades de protección atendiendo a su edad, su género y diversidad, y garantizar su correcta derivación a centros de acogida adecuados". También y con un llamamiento específico a Melilla, la ONU pide que se establezcan procedimientos diferenciados dotados con recursos para los niños, "especialmente para prevenir la separación de sus familias" y se agilicen los procesos de identificación de los familiares para su reunificación.
