Después de que el Tribunal Constitucional reconociera a finales del pasado enero el derecho de una persona con discapacidad a ser atendida en un centro con apoyos específicos a su discapacidad intelectual, la organización “Plena Inclusión” -que representa en España los intereses de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo- ha elevado al Consejo Nacional de la Discapacidad la petición de que las Administraciones Autonómicas reformen sus reglamentos para adecuarlos a la sentencia del Constitucional y a los tratados internacionales, de modo que se de fin a lo que consideran como una vulneración de derechos fundamentales. La Asociación “Plena Inclusión” es la organización que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que desde hace más de 50 años, lucha por la plena inclusión de estas personas y de sus familias en la sociedad. Está formada por 17 federaciones autonómicas, una de ellas en Melilla, y casi 900 asociaciones en toda España.
Esta organización solicitó ayer ante el Consejo Nacional de la Discapacidad que se acabe con la discriminación de personas con discapacidad intelectual dependientes y mayores de 60 años, que son derivadas a plazas en residencias de mayores, cuando lo que necesitan es una atención específica, dicha solicitud se basa en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional a finales del pasado enero, sentencia en la cual el Tribunal se decantaba a favor de una persona que reclamaba su derecho a ser atendida en un centro con apoyos específicos a su discapacidad intelectual, entendiendo el Tribunal que, de no hacerse de este modo, se vulneraría el principio de igualdad ante la Ley y que, por ello, deben garantizarse ajustes razonables.
Poner esta sentencia encima de la mesa del Consejo Nacional de la Discapacidad servirá para elevar a las Administraciones Autonómicas la necesidad urgente de reformular sus respectivos reglamentos para que se acabe con lo que es una vulneración de derechos y para que se adapten a los tratados internacionales en aquellos puntos en los que se sigue discriminando a personas por razón de su discapacidad.
Cabe destacar que todas las federaciones autonómicas de “Plena Inclusión” han mostrado su rechazo unánime a la situación de discriminación que se está dando con estas personas.
En opinión de Carlos Esteban, máximo responsable de la federación melillense de “Plena Inclusión”, “cualquier servicio residencial debería dignificar la vida de las personas”.
