La Consejería de Bienestar Social destinó en ayudas sociales en 2017 algo más de cinco millones de euros, superando el presupuesto inicial de 4,6 millones, según desveló su responsable, Daniel Ventura, que asegura que los presupuestos de la Ciudad Autónoma tienen un enfoque "muy social". El consejero detalló las prestaciones, total de beneficiarios y desglose económico de las ayudas sociales concedidas en 2017, que responden a las 6.207 solicitudes tramitadas, de un total de 10.664 recibidas, al tiempo que dijo que en un 79,27% han sido concedidas, y que el 55,2% correspondían a demandantes nacionales. Aseguró el consejero que Bienestar Social, de manera transversal con otras áreas como Educación y Presidencia, atiende a "una población muy amplia de la ciudad", articulando "ayudas sociales que contribuyen a la paz social de la ciudad, con todas las peculiaridades que tenemos", con lo que se constata que "somos un Gobierno muy pro social". Ventura añade que la Ciudad mantiene estas ayudas a lo largo de todo el año y no como en otras comunidades autónomas que a mitad del curso económico las suspenden por falta de liquidez, sino que en Melilla se realizan incluso modificaciones de crédito para mantenerlas.
Apostilla el responsable de Servicios Sociales que el Gobierno local "realiza un esfuerzo considerable" para que estas prestaciones se puedan ofrecer a lo largo del año y de hecho ha dicho que tanto en 2016 como en 2017 se han sobrepasado los 4,6 millones de euros previstos para estos fines, alcanzando los cinco millones de euros.
Desglose
Entre los datos aportados se refirió al IMI (Ingreso Melillense de Integración) con 2.209 solicitudes, el 83% concedidas (1.803), que suponen que 985 familias, que suman unas 3.831 personas, incluyendo a 1.949 menores de edad, son perceptores de esta ayuda que tiene un gasto de más de cuatro millones de euros. El 51% de los titulares del IMI son usuarios nacionales y el 49%, solicitantes inmigrantes.
También señaló que 27 personas han solicitado la prestación básica familiar, a la que acceden los que ya no pueden percibir el IMI, que tiene un coste de 23.000 euros y que se han concedido en un 74%. En cuanto a las ayudas de emergencia social, se han recibido 1.794 solicitudes de las que se ha concedido el 75%. El 52% son nacionales.
Dijo que las ayudas de emergencia que arbitra Bienestar Social se dividen en tres tipos: necesidades básicas, equipamiento básico de viviendas y gastos de endeudamiento, que este 2017 se tradujo en más 1.500 beneficiarios. En cuanto a la prestación del comedor social, que atiende a personas en situación de riesgo, detalló que se recibieron 881 solicitudes, que el 89% fueron concedidas y que se han beneficiado 8.842 personas; a las que suma las 70 personas mayores que acuden a diario a este servicio.
Del programa de alojamiento alternativo, ha indicado que en el albergue San Vicente de Paúl han pasado 169 personas (121 nacionales y 48 extranjeros), que suman 13.820 pernoctaciones, y que entre los beneficiarios se han incluido familias con 64 menores; al tiempo que en pensiones y hoteles, se ha alojado a 15 familias, que suman 52 personas.
Mediante el convenio con Cáritas Interparroquial, ha señalado que la organización ha atendido a 2.704 personas, integrantes de 772 familias, que se han beneficiado del programa que desarrollan de ayudas al alquiler con un presupuesto de 240.000 euros y que la media de actuaciones es de 60 familias al mes.
Otras ayudas y prestaciones
Asimismo 141 personas se han beneficiado del programa de leche maternizada, se han concedido 220 ayudas técnicas para la compra de camas adaptadas o gafas; 140 ayudas para la compra de medicamentos; 42 más a la adquisición de pañales; 14 dietas; 18 ayudas a la compra de billetes; al tiempo que ha recordado que se sostienen los programas de teleasistencia y ayuda a domicilio con 332 beneficiarios y el piso de estancia temporal de mayores con seis usuarios.
A esta relación ha añadido los 560 bonobuses en vigor para personas mayores y personas con discapacidad con un coste de 275.000 euros al año; el bonotaxi; la concesión de 177 tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad; el sostenimiento de 40 plazas en centros sanitarios especializados de la península; o la beca con un coste de 22.000 euros para el programa de jardinería que se desarrolla en la Granja Felipe VI con personas con trastorno mental.
