Los representantes de los sindicatos policiales mayoritarios (SUP, UFP, CEP y SPP) se reunieron ayer con el presidente melillense, Juan José Imbroda, quien les expuso la posibilidad de que la Ciudad Autónoma pague una “inyección económica” para unos 40 o 50 policías en segunda actividad.
El portavoz de UFP, Serafín Giraldo, explicó que se trata de “agentes que han pasado de estar en un servicio activo a estar en su casa con una merma importante de retribuciones”. La idea es que la Ciudad Autónoma, como ya hacen otras autonomías españolas, pague esa diferencia “entre lo que cobran y lo que deberían cobrar ya trabajando”.
Los sindicatos policiales agradecieron públicamente esta propuesta, que no se ha cuantificado económicamente porque debe ser concretado en un proceso de negociación.
Asimismo, los sindicatos pidieron a Imbroda que impulse ante el Gobierno la construcción de una nueva Jefatura Superior de Policía, ya que el edificio actual tiene 32 años y fue construido para 150 funcionarios cuando ahora hay más de 500.
