Ciudadanos (Cs) ha presentado una moción en la Asamblea de Melilla para reclamar más protección para los propietarios de viviendas frente a los okupas ilegales y garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos ante este problema, que también afecta a la ciudad, aunque en menor medida. En rueda de prensa, el portavoz de Cs en la Asamblea melillense, Eduardo de Castro, explicó que su propio partido ha podido comprobar que en determinados barrios de Melilla hay okupas, uno de ellos la Urbanización Minas del Rif, formada por viviendas sociales, además de en otros sectores de la ciudad.
Este fenómeno, señaló el líder de la formación naranja, “genera serios problemas a los vecinos”, además de a los propietarios de las viviendas, razón por la que Cs ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley, a la que se suman mociones en ayuntamientos de ciudades de más de 20.000 habitantes.
Reformas legales
El objetivo de esta medida es promover reformas en diferentes leyes vigentes para dotar a los propietarios de instrumentos legales que le permitan resolver el problema cuando lo padezcan, algo que actualmente no ocurre, ya que el Código Penal rebajó en 2015 este delito, pasando de grave a leve.
Eso ha provocado que la ocupación ilegal de viviendas no conlleve penas de prisión, sino solo multas que en muchos casos no se abonan porque los okupas se declaran insolventes.
“Hay informes policiales que dicen que el infractor se va de rositas cuando ocurren estas cosas”, lamentó De Castro para defender la necesidad de esta medida que está promoviendo Cs ante un problema que “ha crecido exponencialmente” en los últimos años, “llegando a la desfachatez” de que la ocupación se produce incluso en casas habitadas.
“No es normal que los okupas tengan más derechos que los propietarios, y eso ocurre hoy en día”, aseveró.
Según De Castro, es un problema muy grave que requiere una “inmediata atención desde el punto de vista legal” para poner fin a esta “injusticia” y evitar que la falta de viviendas sociales se traslade al resto de propietarios, dando lugar a situaciones que desestabilizan y crean conflictos sociales.
“Hace falta voluntad político-legislativa para tomar este problema y buscarle solución”, insistió el portavoz de Cs, partido que defiende la puesta en marcha de un plan de protección de la convivencia y seguridad vecinal con medidas como la creación de una oficina de defensa de los ciudadanos, una unidad de seguimiento, un censo de viviendas ocupadas y refuerzo policial.
