El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que se centrará especialmente en la calidad del empleo y dará prioridad a actuaciones en el ámbito de la discriminación por género y la brecha salarial.
El plan se estructura en cuatro ejes y fija doce objetivos y 100 líneas de actuación para los próximos años.
En concreto, el plan reforzará el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos; priorizará actuaciones en el ámbito de discriminación por género, con campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas, y potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias.
Asimismo, la Inspección también realizará actuaciones para un mayor control de las horas trabajadas y del tiempo de trabajo y de las subcontratas y las empresas multiservicio; pondrá en marcha nuevas unidades de Inspección especializadas en prevención de riesgos laborales, y acometerá actuaciones específicas en relación con falsos autónomos, becarios y prácticas no laborales y formación para el empleo.
El plan prevé continuar con los esfuerzos para mejorar la dotación de las plantillas, el despliegue de los nuevos Subinspectores Laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de Inspección.
La aprobación de este nuevo plan supone pasar del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que se aprobó en 2012 a un Plan estratégico que, sin olvidarse del fraude, se centra sobre todo en la calidad del empleo.
Con el plan anterior, el aumento de los efectivos de la Inspección de Trabajo (desde 2012 y a través del desarrollo de las ofertas públicas de empleo en marcha se habrán incorporado hasta 845 nuevos inspectores y subinspectores) y una mayor coordinación entre la Inspección, el Ministerio del Interior, los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las comunidades autónomas, se ha conseguido mejorar la eficacia de las actuaciones inspectoras.
Así, desde 2012 y hasta el pasado mes de febrero, se han aflorado 519.056 empleos irregulares; detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, y logrado la conversión de más de 359.191 contratos, indebidamente temporales, en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado de todas estas actuaciones alcanza los 21.198 millones de euros.
Organismo autónomo
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social responde a un modelo de configuración único, ya que sus funcionarios ejercen competencias estatales y autonómicas en el marco de una única actuación inspectora. La consolidación de este modelo, según el Gobierno, requiere un sistema de gobernanza más compartida entre el Estado y las comunidades autónomas para lograr una mayor flexibilidad en la dirección y gestión de la institución.
Por eso, el Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes un Real Decreto para dotar a la Inspección de Trabajo de una nueva estructura y configurarla como un organismo estatal, desarrollando de este modo la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobada durante la pasada legislatura.
