Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 incluyen una modificación en la legislación estatal del juego que beneficia a las empresas online, y modifica los tipos de gravamen del Impuesto sobre Actividades del Juego que, en el caso de las empresas que se instalen en Ceuta y Melilla, se verá reducido a la mitad, del 20 al 10%. El digital “El Confidencial” avanzaba ayer la noticia, hablando de “paraíso fiscal” en ambas ciudades. Según ese medio de comunicación, “el Gobierno va a convertir ‘de facto’ a las dos ciudades autónomas en una suerte de paraíso fiscal para las empresas de juego ‘online’. La intención es atraer a estos territorios a los gigantes del sector ahora instalados en el peñón de Gibraltar que se ven amenazados por cuál será su situación frente a Europa como consecuencia del Brexit y por los cambios al alza en la fiscalidad que el Reino Unido ha aplicado a las apuestas en red y que han sido refrendados hace pocos meses los tribunales”.
El Confidencial apunta que “hasta ahora el juego online podía tributar al 15% en el primer caso o al 25%, en el segundo. La modificación introducida por Montoro simplifica el sistema y fija una única tributación para las operadoras del 20% sobre los ingresos netos (dinero jugado menos premios entregados)”.
Asimismo, señala que la fiscalidad será todavía más reducida en Ceuta y Melilla. Los tipos relativos “a las operadoras con residencia fiscal en sus territorios y realmente radicadas” en las ciudades autónomas se rebajan a un escaso 10% sobre los ingresos netos. La bonificación del 50 por ciento, que no existía hasta ahora, se justifica en la Ley de Presupuestos de forma similar a lo exigido para los demás tributos del sistema fiscal español. Se trata de “trasladar los beneficios fiscales que se recogen en otros impuestos para ambas ciudades autónomas”.
Reivindicación
Según El Confidencial, esta “era una reivindicación de los gobiernos de Ceuta y Melilla y, finalmente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha accedido a ponerla negro sobre blanco en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.
Las operadoras ahora instaladas en Gibraltar o Malta tributarían por sus clientes españoles un 10% de sus ingresos netos si se ubican en alguna de las dos ciudades autónomas, frente al 15%, por ejemplo, que pagan por los británicos. Y podrían aprovechar además las bonificaciones del Impuesto de Sociedades, al que se aplica también una bonificación del 50% sobre la base imponible, añade El Confidencial.
