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CPM denuncia que falsos psicólogos evaluaron a los aspirantes a la Policía Local en las oposiciones

Aberchán afirmó que esa es la razón por la que el Gobierno local no accede a abrir una comisión de investigación
(Autor: Guerrero)

Coalición por Melilla (CPM) denunció ayer que personas no tituladas en Psicología evaluaron a candidatos a ingresar en la Policía Local durante la celebración de las pruebas psicotécnicas en las oposiciones, razón por la que advirtió de que irá a los tribunales si no hay una comisión de investigación al respecto. En declaraciones a los periodistas, el presidente de CPM y jefe de la oposición, Mustafa Aberchán, afirmó que al Gobierno melillense no le interesa crear una comisión de investigación, como ha pedido su grupo parlamentario, por esta “falsa titulación” que, según dijo, tiene “gente del tribunal de oposiciones que dice que es psicólogo y no tienen título”.
Aberchán cree que por esta cuestión “no solo hay que proceder contra el tribunal, sino anular esas pruebas” psicotécnicas de las oposiciones a la Policía Local, al haber sido evaluadas por personas que “se han permitido calificar y descalificar a alumnos que se han dedicado más de dos años a preparar unas oposiciones”.
Por ello, insistió en que si el Gobierno de Melilla no accede a crear esa comisión de investigación “en un plazo razonable”, CPM irá a los tribunales para denunciar al tribunal de oposiciones “por falsa titulación”.
El líder de la oposición incidió en que la comisión de investigación “es un instrumento que sirve de transparencia hacia los ciudadanos” sobre el desarrollo de las oposiciones a la Policía Local, al tiempo que recordó que en las últimas, su partido denunció el uso de “afirmaciones racistas perseguidas por el Código Penal”.

“Nombres y apellidos”
Sin embargo, la viceconsejera de Administraciones Públicas, María de los Ángeles Gras, dijo minutos después en declaraciones a los periodistas que no sabe a qué persona con falsa titulación se refiere Aberchán, ya que “no la ha identificado”, por lo que le instó a que dé “nombres y apellidos”.
Gras explicó que en el desarrollo de las pruebas psicotécnicas, el tribunal de oposiciones contrata a un equipo asesor, bien a través del Colegio de Psicólogos o de una cooperativa, como ocurrió en la última convocatoria de oposiciones, y se mostró “segura” de que quienes participaron “son personas con su titulación”.
“No sé cómo puede decir que hay personas que ejercen como psicólogos sin serlo”, agregó la viceconsejera, que defendió la actuación “transparente e imparcial” en las oposiciones a la Policía Local, cuyo tribunal está compuesto por funcionarios “y hacen su labor de la mejor manera posible”, aunque “son personas que pueden cometer errores”.
Por ello, consideró “irresponsable” que CPM “siga atacando y creando alarma social con el tema de las oposiciones”, sobre las que recordó que los aspirantes tienen la posibilidad de presentar “muchos recursos” si consideran que han sido tratados de forma injusta, a lo que se suma la posibilidad de recurrir a la vía administrativa y judicial.
Gras salió así al paso de las “supuestas irregularidades” que CPM había denunciado momentos antes durante la celebración del Pleno de Control al Gobierno, en el que los cepemistas pidieron la creación de una comisión de investigación sobre este asunto en una de sus preguntas.

El momento más tenso
El debate de esta iniciativa supuso el momento más tenso de la sesión plenaria, que obligó incluso a intervenir a la vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, para tratar de poner orden en mitad de la tensión, aunque finalmente terminó levantando la sesión después de que el consejero Daniel Conesa diera por finalizada su intervención.
Poco antes, Conesa había acusado a CPM de estar “calumniando y difamando al tribunal de examen”, respondiendo así al diputado cepemista Rachid Bussian, que se hizo eco de unas declaraciones que hizo a MELILLA HOY el abogado defensor de los dos últimos aspirantes a la Policía Local a los que la Justicia les ha dado la razón y que tendrán que ser readmitidos tras ser eliminados.
El abogado, Antonio Suárez Valdés, había afirmado en declaraciones realizadas a este Periódico, publicadas el pasado 28 de febrero: “Lo que constatamos a nivel nacional es que las entrevistas psicológicas se están empleando de manera arbitraria para colocar a aquellas personas con padrinos o para hacer cribas discriminatorias, ya sea por edad, origen étnico o religioso”.
Para Bussian, convocar una comisión de investigación “es lo mínimo a lo que debería estar obligado el Gobierno local por salud democrática”.

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Redacción

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