La sentencia del caso de La Manada ha provocado una auténtica convulsión en España, sacando a la calle a miles de mujeres y abriendo un debate social y político sobre la necesidad de reformar las leyes. Hablamos de todo ello con María del Carmen Dueñas, diputada nacional por Melilla, que es además la portavoz del PP en la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados.
– ¿Cómo ha encajado la sentencia por el caso de La Manada? ¿Se esperaba que los cinco acusados fueran condenados por abuso sexual y no por agresión sexual?
– Pues como la inmensa mayoría de nuestra sociedad, primero con sorpresa ante la calificación de los hechos, y sobre todo con tristeza e indignación. Es una sentencia que respeto pero que no comparto. Desde el absoluto respeto a la resolución judicial, el hecho solo de que cinco individuos con evidente superioridad física te acorralen en un “sitio angosto”, es un entorno de intimidación lo suficientemente poderoso como para tener otra calificación jurídica a la emitida.
– ¿Qué falla en el sistema judicial español para que ocurran situaciones como la que se ha dado en este caso?
– No considero que podamos hablar con carácter general de fallos, tenemos un sistema garantista, pero si algo quedó claro en los trabajos de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, es que era imprescindible seguir insistiendo en la formación especializada para todos los operadores jurídicos, también para los jueces y fiscales. Es necesario, como señalaron diferentes comparecientes, destruir estereotipos y prejuicios para luchar contra las ideas machistas que aún persisten, también en el estamento judicial, y que están tan interiorizadas lamentablemente. Entiendo que la Justicia debe reconocer los delitos contra las mujeres desde la defensa de sus derechos, y no desde el cuestionamiento de las víctimas y sus testimonios.
– La Fiscalía ya ha anunciado que habrá recurso, por lo que ahora tendrá que pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. ¿Qué espera de esta revisión del caso?
– En primer lugar, estoy satisfecha con la esperada decisión de la Fiscalía de recurrir la sentencia dictada, sentencia que, reitero, respeto pero no comparto, particularmente en la calificación de los hechos como un delito continuado de abuso sexual. Confío en que a través de los sucesivos recursos anunciados, ya ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y Tribunal Supremo, se modifique esa calificación jurídica, como siempre mantuvo la Fiscalía desde el inicio.
– El año pasado se cometieron en España 11.692 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, de los cuales 1.382 fueron agresiones sexuales con penetración, según los datos del Ministerio del Interior. Fue, de hecho, la infracción penal que más subió en el Balance de Criminalidad de 2017, un 10,6% sobre 2016. Con estos datos sobre la mesa, ¿qué le parece que no esté clara la diferencia entre una violación y un abuso sexual?
– Hay que recordar que la tipificación del delito de violación en el Código Penal viene del año 1995, cuando gobernaba Felipe González, y que han transcurrido 23 años desde que se tipificaron esos delitos, años en los que afortunadamente la sociedad, con carácter general, ha cambiado. Hay una mayor concienciación y repulsa hacia cualquier forma de violencia contra la mujer, pero ciertamente queda camino por recorrer, como demuestran esos datos, o como demuestra que aún a día de hoy siguen siendo asesinadas cobardemente las mujeres por sus parejas o exparejas, que es la parte más cruel de esta desigualdad que aún persiste.
Es fundamental recordar que desde ONU se ha venido defendiendo que violencia es “violentar la voluntad”. Al igual que el Convenio de Estambul, suscrito por España (2014), que señala en su artículo 3 que por violencia contra las mujeres “(…) designara? todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”.
En base a ello, siendo muy consciente, como señalan los expertos, de que en estos casos no estamos ante una violencia aleatoria, sino que el factor de riesgo es ser mujer, el Informe que sustenta el Pacto de Estado, no solo amplía el concepto de violencia de género como nos mandata el Convenio de Estambul, sino que además incluimos un importante paquete de medidas relacionadas con esta cuestión, medidas en materia de formación especializada y transversal con perspectiva de género destinada a jueces y fiscales, reformas jurídico-procesales, y junto a ello, un apartado específico que incluye medidas para dar respuesta, visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo, como la violencia sexual.
– El Gobierno se ha mostrado abierto a revisar los delitos sexuales en el Código Penal tras la sentencia de La Manada. Desde su experiencia como abogada y experta en temas de Igualdad, ¿por dónde cree que hay que empezar en esta labor?
– Reitero que con la aprobación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, hemos dado un gran paso para seguir avanzando en la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Dicho lo cual, sí me parece importante que el Gobierno haya solicitado un informe a sus servicios jurídicos para conocer si la tipificación del delito de violación está convenientemente reflejada en el Código Penal o si, por el contrario, como entiendo, necesita una reforma legislativa, informe solicitado concretamente a la Sección Penal de la Comisión General de Codificación.
Y en paralelo a ello, en el ámbito parlamentario ya hemos manifestado en estos días que desde el Grupo Parlamentario en el Congreso vamos a estudiar nuevas medidas, y a desarrollar cuantas iniciativas parlamentarias nos permitan cumplir, cuanto antes, con el Convenio de Estambul, tal y como se señala en el Pacto contra la Violencia de Género. Por otro lado, hemos registrado este viernes pasado la solicitud de una convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado, concretamente para comenzar el análisis y valoración de las disposiciones legales relativas a la violencia sexual en nuestro ordenamiento jurídico.
– Todos los partidos políticos se han mostrado de acuerdo en mostrar sus diferencias con esta sentencia. ¿Cree que se podría conseguir en este objetivo de revisar los delitos sexuales la unanimidad que no se pudo conseguir en el Pacto contra la Violencia de Género?
– Confío en que sí lo alcanzaremos, porque hay que recordar que el Informe del Pacto de Estado sí alcanzó la unanimidad con la que habíamos trabajado en la Subcomisión precisamente en ese trámite, una unanimidad, de la que en última instancia se descolgó Unidos Podemos con su inexplicable abstención. Me quedo con el trabajo intenso y muy comprometido que hicimos todos los que conformamos la Subcomisión, y que dio como resultado un pacto histórico. Desde ese espíritu constructivo, estoy convencida alcanzaremos un acuerdo, y le digo que trabajaremos para ello. Tenemos muy claro que apostamos por reformas que recojan que la falta de resistencia en las agresiones sexuales no se considere consentimiento, como además ya ocurre en otros países de la Unión Europea.
– Desde que se hizo pública la sentencia, muchas han sido las voces que han opinado que la sentencia de La Manada condena a todas las mujeres porque, lejos de darles la seguridad que necesitan, lanza un peligroso mensaje a la sociedad, y especialmente a las nuevas generaciones. ¿Está de acuerdo?
– Totalmente de acuerdo.
“Aún queda camino por recorrer en la igualdad real, y para ello la sociedad en su conjunto debe implicarse”
– La sentencia ha provocado una indignación colectiva, que se hizo patente el mismo día de su lectura con concentraciones en toda España, también en Melilla, al igual que sucedió el 8 de marzo. ¿Cree que se está avanzando hacia una concienciación sobre los problemas que sufren las mujeres?
– Sí, contundentemente sí. Ya lo dije en su día, este último 8 de marzo supuso un importante revulsivo no solo en España, sino a nivel mundial en la necesaria concienciación social sobre los problemas que nos afectan a las mujeres y como mujeres, representamos más de la mitad de la población. Y sí, es muy cierto que hemos avanzado en la igualdad legal, pero aún queda camino por recorrer en la igualdad real, y para ello es imprescindible que la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres, nos impliquemos activamente. Como madre e hija, tengo claro que este camino emprendido es imparable ya, por responsabilidad y compromiso, se lo debemos a todas las mujeres que nos precedieron y que lucharon para que hoy estemos aquí.
“Los jueces aplican las leyes. Si éstas requieren una revisión y reforma, habrá que trabajar para ello y alcanzar consensos”
– Más de un millón de firmas recogidas en un día piden la inhabilitación de los magistrados que han dictado sentencia en el juicio de la Manada. ¿Qué le parece esta petición? ¿Cree que puede condicionar futuras sentencias similares, aunque no hayan sido tan mediáticas como las de La Manada?
– Afortunadamente, se lo decía antes, vivimos en un sistema muy garantista en el que confío, aunque entiendo que tras esta sentencia, o mejor dicho, tras leer algunas de las valoraciones realizadas en la misma, haya personas que lo puedan poner en duda, yo misma he manifestado mi indignación y desacuerdo con la misma. Pero eso es una cosa, y otra cuestionar o pensar que esto puede condicionar futuras sentencias. No hay que olvidar que los jueces aplican las leyes, por lo que si éstas requieren una revisión y reforma, habrá que trabajar para ello y alcanzar los consensos precisos. Ello debemos hacerlo desde el absoluto respeto a los tribunales y a quienes lo componen, porque solo así y junto a las reformas que sean precisas, podremos avanzar, y mandar un mensaje de confianza.
Y, reitero, caben recursos contra esta sentencia, entre ellos el anunciado por la Fiscalía que, tal y como reseña, y comparto absolutamente en su calificación “(…) mantener nuestra consideración inicial de que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual (violación) y no solo de abuso sexual”.
