Que la integración de Ceuta y Melilla en el Espacio Común Aduanero de la UE es un paso “necesario, conveniente y positivo” para nuestras ciudades es una conclusión que parecen compartir todos los grupos políticos de nuestra Asamblea, si bien el paso de los años -el tema se lleva planteando más de una década- no ha servido para que se concrete ninguna petición formal. Los estudios más recientes sobre el tema de la integración concluyen no sólo que sería positiva, sino que existe un marco normativo comunitario propicio para la creación de una fiscalidad exclusiva para su aplicación en ambas ciudades autónomas. La entrada de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el Espacio AduaneroCcomún de la Unión Europea es vital para el futuro económico (al menos a medio y largo plazo) de ambas plazas.
Esta necesidad resulta tan evidente que la totalidad de los partidos, abarcando tanto el Gobierno como la oposición, al menos en nuestra ciudad, se han mostrado partidarios de plantearla al Ejecutivo Central; el propio PP llevaba la integración aduanera en su “Plan Estratégico para el futuro de Melilla”, publicado ya en 2006, y la medida ha sido recientemente calificada como “un paso necesario, conveniente y positivo” por los presidentes de ambas Ciudades Autónomas.
A pesar del aparente quorum en torno a la necesidad de plantear la integración aduanera, que podría haber sido un espacio para el consenso y haber suscitado la formalización de un acuerdo de ciudad entre las diferentes fuerzas políticas, la realidad es que ha pasado más de una década sin que ningún partido sacara el asunto de un cajón, hasta la llegada de la crisis comercial local, con la consiguiente crispación empresarial y la necesidad de buscar nuevos modelos y estrategias, búsqueda en la que SODEMEL, la sociedad para el desarrollo fundada y presidida por Enrique Bohórquez, ha sido fiel valedora de la imperiosa necesidad de plantear una entrada fiscalmente satisfactoria en la Unión Aduanera.
Cuando se habla de una entrada “fiscalmente satisfactoria” en el régimen aduanero común de la UE, se hace referencia a que Melilla y Ceuta, por su particularidad -fundamentada en la escasez de sus recursos naturales, y la distancia y singularidad de sus ubicaciones-, deberían acceder a dicho espacio manteniendo una serie de ventajas fiscales, como la aplicación de un IVA súper-reducido o la creación de una “Zona Económica” especial, de modo que se conjugaran los beneficios fiscales que tradicionalmente se han aplicado en nuestra ciudad con las ventajas de encontrarnos integrados completamente en la UE, sin que existan aranceles o limitaciones a nuestros intercambios tanto con la península como con el resto de países miembros de la Unión.
Incompatibilidad
En respuesta a una pregunta parlamentaria -relativa a la integración aduanera- realizada por la diputada socialista Mar Rominguera a instancias del PSOE de Melilla, el Gobierno de Mariano Rajoy consideró que la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera europea por la que sí apuestan los presidentes (populares) de ambas ciudades “no sería compatible” con el mantenimiento de las actividades económicas que actualmente acogen “al amparo de su condición de territorio franco”. Esta respuesta, que bien pudiera desanimar a quienes defienden que el futuro de nuestras ciudades pasa por apostar por Europa, está poco desarrollada y de hecho ha sido considerada por el PSOE como un mero recurso dilatorio, en definitiva, lo que desde la oposición consideran que es la base de la estrategia política del Partido Popular a nivel nacional: dar largas.
En esta línea, el PP recurre al argumento que esgrimen todos aquellos que, temerosos del cambio, llaman prudencia a la mera dilación burocrática: hay que realizar estudios para determinar los efectos de la integración. Pues bien, dichos estudios existen, ya fueron encargados (hace casi una década) y sus conclusiones eran favorables a la integración, si bien dicha integración debía ser ad hoc, específica para nuestras ciudades.
Precedentes normativos
MELILLA HOY ha tenido acceso a dos estudios, uno de ellos realizado por “Equipo Económico” -la asesoría fundada por Cristóbal Montoro”- en 2009 a instancias de la Administración Pública, y otro realizado por el prestigioso despacho de abogados fundado por Miquel Roca Junyent (uno de los padres de nuestra Constitución) y encargado por SODEMEL en junio de 2017.
Pese a que ambos estudios presentan enfoques diferentes y están encargados por diferentes agentes (público versus privado) no debería ser objeto de sorpresa que lleguen a conclusiones parecidas, que se pueden resumir en que la entrada de Melilla en la Unión Aduanera, manteniendo unas condiciones fiscales particulares, será positiva para nuestra economía.
El estudio más reciente (2017), por ejemplo, avala la integración proponiendo la eliminación del IPSI y la aplicación de un IVA reducido en Melilla, pudiendo aplicarse como alternativa un impuesto estatal indirecto, con tipos impositivos más bajos, similar al IGIC (equivalente al IVA) de las Islas Canarias.
Dicha propuesta está realizada basándose en la normativa europea (que reconoce las excepciones) y en precedentes existentes en nuestro propio territorio nacional, como las Islas Canarias.
Uno de los precedentes normativos con los que más paralelismos se pueden establecer es la ya mencionada integración de Canarias en el territorio de la Unión Aduanera (art. 25 núm. 4 del Acta de Adhesión), integración que no estaba decidida en el primer Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas y para la que se acordó a posteriori el establecimiento de un régimen tributario de menor presión fiscal que la del resto del Estado (Régimen Económico Fiscal de Canarias o REFC).
En dicho artículo, queda expresamente manifiesto que “a instancia del Reino de España, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta a la Asamblea, podrá decidir la integración de las Islas Canarias y de Ceuta y Melilla en el territorio aduanero de la Comunidad […] y decidir las adaptaciones del régimen aplicable a las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla que resultaren ser necesarias”.
Así mismo, el Tratado de Ámsterdam -la normativa legal de la UE- recoge en el apartado 2 de su artículo 227, recoge las medidas especiales aplicables a las regiones ultraperiféricas de la UE: “teniendo en cuenta la situación estructural, social y económica de [los territorios de ultramar], por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo […] el Consejo tendrá en cuenta ámbitos tales como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales comunitarios […] y podrá adoptar medidas teniendo en cuentalas características y exigencias especiales de las regiones ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico comunitario”.
Si bien la integración aduanera con una adaptación del régimen fiscal aplicable es perfectamente posible partiendo del marco normativo establecido en la citada Acta de Adhesión, cabe recordar que ni Ceuta ni Melilla están contempladas dentro de la lista de “regiones ultraperiféricas” (RUP), que son regiones que, pese a su distancia con el continente, se consideran como parte indivisible de Europa. Dado que Melilla y Ceuta son partes indivisibles de España, es lógico considerar que también lo son de Europa, y por ello el Gobierno Central debería instar a la UE a incluir a nuestras ciudades en la lista de RUP, de cara a que se se nos pudiera aplicar el mismo marco legal que al resto de regiones ultraperiféricas, algunas tan “ajenas” a Europa como Martinica (Caribe) o la Guayana Francesa (en Sudamérica).
Una situación excepcional
Melilla cumple con todos los requisitos para ser considerada una región ultraperiférica que, pese a su valor geoestratégico, dado que es la única frontera terrestre de la UE con África, sufre de desventajas económicas permanentes (principalmente el aislamiento, el alto coste del transporte, la energía y las materias primas, y la reducida dimensión de un mercado monopolizado por la Administración Pública) que han provocado una excepcional situación económica, social y comercial.
La integración de Ceuta y Melilla en el Espacio Aduanero Común con el mantenimiento de un régimen fiscal especial es un derecho que la propia UE reconoce para otras tantas regiones que, por tener una situación de aislamiento muy similar a la de Melilla, sí han podido apostar por Europa.
La Unión Europea, pese a ser el mayor “embrollo burocrático” del planeta, está abierta a sopesar toda reforma que se plantee desde cualquiera de los estados miembros, como hizo en su momento con las Islas Canarias y como establece en el Acta de Adhesión de España a la Comunidad Europea, por lo que la entrada de Melilla y Ceuta en la Unión Aduanera sólo está limitada, al menos a día de hoy, por la falta de decisión y de voluntad política a la hora de “dar el salto”.
En definitiva: hay consenso político, los estudios que solicitan quienes llaman a la prudencia llevan años publicados, y la UE contempla nuestra integración aduanera “a la carta” en su marco normativo, así que ¿a qué están esperando nuestros responsables políticos para comenzar a negociar las condiciones de la integración?.
