Coalición por Melilla (CPM) ha presentado una petición en la Mesa de la Asamblea para que se convoque “lo antes posible” una comisión de investigación sobre las oposiciones a la Policía Local celebradas entre 2016 y 2017, a raíz de varias sentencias judiciales “que dejan en evidencia la actuación del Gobierno”. En rueda de prensa, el diputado de CPM Rachid Bussian se refirió a las pruebas de la entrevista personal y el test psicotécnico de dichas oposiciones, en las que varias sentencias, la última en febrero de este año, obligan a la Ciudad Autónoma a readmitir a aspirantes excluidos.
Además, Bussian afirmó que en los dos últimos procesos de oposiciones a la Policía Local no ha participado el Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, a pesar de que “es el máximo garante para velar por el correcto cumplimiento” en este tipo de convocatorias de acceso a cuerpos como el de la Policía Local y los Bomberos.
Según el diputado cepemista, el argumento de la Ciudad Autónoma para no contar con este organismo es que había presentado “un presupuesto caro” para llevar a cabo estas pruebas, por lo que recurrió en el último proceso a una cooperativa y en el anterior, a un asesor pedagógico “y un supuesto filósofo”.
Intrusismo laboral
En este punto, Bussian explicó que CPM ha dirigido una carta al Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla para instarle a que se pronuncie porque puede estar dándose casos de intrusismo laboral. Además, señaló que los profesionales para participar en los procesos de selección deben tener una titulación específica y técnica.
“No sé si esta es la segunda parte del caso Cifuentes”, apuntó el diputado de CPM, que insistió en la necesidad de que se celebre una comisión de investigación sobre las oposiciones a la Policía Local, una petición que ya planteó sin éxito a finales del año pasado y que también abordó la semana pasada en el Pleno de Control, si bien el consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, Daniel Conesa, “se salió por la tangente”.
El objetivo de CPM, insistió Bussian, es que se celebren unas oposiciones “limpias y transparentes para no malgastar el dinero público de los ciudadanos con indemnizaciones evitables” como a las que ha sido condenada a pagar la Ciudad en las últimas sentencias.
