A falta de un año para la celebración de las elecciones autonómicas, mucho tendrán que correr PP y PPL si realmente quieren cumplir a rajatabla el acuerdo de gobernabilidad que firmaron PP y PPL. Esta semana se ha dado un nuevo incumplimiento de dicho acuerdo con el cese del diputado cepemista Hassan Mohatar como presidente de la Comisión de Control y su relevo por la diputada del PP Cristina Rivas, pero no es el único. Al menos una quincena de puntos acordados entre ambas formaciones políticas siguen sin materializarse, aunque podrían ser bastantes más porque la mayoría no se sabe a ciencia cierta si se han llegado a hacer ante la falta de publicidad que tanto el PP como la diputada del Grupo Mixto, Paz Velázquez, han dado a su nivel de cumplimiento. Ello, a pesar de que, supuestamente, es algo que analizan ambas partes cada dos meses como mínimo, según dicho acuerdo.
El pacto PP-PPL, cabe recordar, está compuesto por cerca de medio centenar de medidas, la mayoría correspondientes al denominado “Objetivo 2: una ciudad libre bien gobernada”. De los 37 puntos que tiene, una docena no se cumplen a día de hoy, especialmente algunos que se consideraron más relevantes cuando dos partidos considerados enemigos no solo políticos, sino también personales, enterraron el hacha de guerra “por la gobernabilidad de la ciudad”.
Por ejemplo, el primer punto, que alude a la “Reducción de las Consejerías existentes hasta el momento, así como de las Viceconsejerías”. Este objetivo no se llegó a cumplir nunca y provocó alguna manifestación pública del presidente de extinto PPL, Ignacio Velázquez, pocos días después de la firma. Hoy, casi tres años después, tampoco es una realidad, porque de las 10 consejerías y 10 viceconsejerías que había al finalizar la legislatura pasada, se ha pasado a 9 consejerías y 11 viceconsejerías en la actualidad, según el Portal de Transparencia.
Tampoco se cumple lo establecido en el segundo punto para la “reordenación del sector público local” en lo referido a las sociedades públicas Promesa, Emvismesa e Inmusa. Para las dos primeras se establecía la conversión en Entidad Pública Empresarial y la primera, además, debía asumir “la gestión de las competencias en materia de turismo”.
“Constitución en la Asamblea de una comisión permanente para la Prevención de la Corrupción, que redactará un Plan de Prevención de la Corrupción en la CAM”, dice en el punto 7 de este apartado. No hay noticias de que esta comisión se haya creado ni aparece en la relación de comisiones de la web institucional.
La celebración de “reuniones periódicas del presidente y miembros del Gobierno con la oposición para dialogar, consultar y debatir, a fin de favorecer los consensos” es otro de los compromisos incumplidos, al menos desde el punto de vista de los grupos de la oposición, que critican constantemente al Ejecutivo por esta causa y le reclaman que les dé una mayor participación.
Como ocurre en el número de miembros del Gobierno, tampoco se ha reducido el personal eventual de confianza, que era otra de las exigencias en el acuerdo PP-PPL, ni se han tomado las medidas previstas para el contrato de recaudación, que se acaba de adjudicar recientemente a una empresa privada. Para este contrato, el acuerdo de gobernabilidad establecía que fuera asumida la gestión directa por la Ciudad Autónoma o se celebrara un convenio con la Agencia Tributaria, “atendiendo a la eficiencia, eficacia y óptima administración de los recursos públicos”.
Transparencia
Los puntos incluidos en el acuerdo relacionados con la transparencia relativa a los miembros del Gobierno, altos cargos de la Ciudad Autónoma y diputados-concejales dejan bastante que desear. Algunos se cumplen, pero están bastante escondidos en la enrevesada web institucional. Otros se cumplen a medias y otros que, directamente, aún son una utopía.
Por ejemplo, tras mucho buscar, se puede encontrar el organigrama completo de la Ciudad Autónoma, incluidos directores generales y secretarios técnicos. Pero los que realmente han publicado su currículum, que es otra de las exigencias, son poquísimos. El del presidente, pese a ser público en su ficha del Senado, no está en la web de la Ciudad Autónoma. De los 9 consejeros, solo cuatro lo han facilitado: Daniel Conesa, Paz Velázquez, Javier González y Antonio Miranda. Y de los 11 viceconsejeros, solo el último en llegar cumple el requisito, Juan José Torreblanca. De los 24 directores generales, 12 publican su CV, al igual que 3 de los 9 secretarios técnicos y el secretario general de la Asamblea. Ningún diputado-concejal de la Asamblea ha realizado este trámite.
Ninguna consejería ha publicado las memorias anuales sobre la actividad realizada y el cumplimiento de los objetivos, ni tampoco aparece en la web el Inventario de Bienes y Derechos de la Ciudad Autónoma.
El acuerdo PP-PPL recoge la aprobación de un Reglamento de Participación Ciudadana para regular el derecho a la información de los ciudadanos, pero no se ha llevado a cabo, igual que la celebración de consultas populares sobre el cambio de régimen económico y fiscal y otros asuntos de gran trascendencia para la ciudad, entre los que podría incluirse la mejora que la Ciudad Autónoma quiere emprender del REF o el ingreso en la Unión Aduanera.
A medias
Otras medidas recogidas en este acuerdo se han cumplido solo a medias. Por ejemplo, no se han publicado las nóminas mensuales de miembros del Gobierno, concejales y asesores, como establece el punto 23 de este apartado, y solo aparece, tras mucho buscar en la web, un resumen de las cuantías anuales que percibe cada uno.
Las mociones no se elevan a los plenos, como requiere el punto 6 para facilitar la labor de los grupos políticos de la Asamblea, ni tampoco se publican las órdenes del día ni las actas de las comisiones.
De las otras 23 medidas incluidas en este apartado “Objetivo 2”, solo se puede constatar el cumplimiento de cuatro tras mucho bucear en la web de la Ciudad Autónoma o las hemerotecas, como es la publicación del organigrama completo de la Ciudad Autónoma, la retransmisión por Televisión Melilla de los plenos en directo y horario punta, la creación en la web de espacios para cada grupo político (que solo aprovecha Ciudadanos), y la publicación del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma en el BOME y la web institucional.
El resto de los puntos del acuerdo, si se han cumplido, no es algo que los melillenses puedan comprobar por sí mismos, habida cuenta que o no se ha informado públicamente de ello o no aparece en la web de la Ciudad Autónoma ni en su Portal de Transparencia.
“Objetivo 1: Ciudad libre de corrupción”
Este apartado del acuerdo PP-PPL incluye solo 10 medidas, de las cuales cuatro no se cumplen en estos momentos
El otro bloque de compromisos recogidos en el acuerdo están recogidos en el apartado “Objetivo 1: una ciudad libre de corrupción”, que incluye solo 10 medidas, de las cuales cuatro no se cumplen en estos momentos, una de ellas la que ha creado la reciente polémica sobre la Comisión de Control, “que será presidida por un diputado de la oposición”, reza el acuerdo PP-PPL. Ambos grupos han intentado varias veces en las últimas semanas cesar a Hassan Mohatar y Mohamed Ahmed como presidente y vicepresidente de la comisión, hasta que al final lo consiguieron el jueves, colocando en su lugar a dos diputadas del PP, Cristina Rivas y Esther Donoso.
Otro de los puntos incumplidos es la cobertura de los puestos de secretario general, interventor y tesorero por funcionarios habilitados de carácter nacional. La Ciudad Autónoma lo ha intentado varias veces, quedando desiertas las plazas convocadas, por lo que siguen estando en manos de funcionarios locales, algunos de manera interina.
En el punto 3 se establece que “los tribunales de oposiciones para el acceso a la función pública se compondrán exclusivamente de funcionarios de la Administración General del Estado destinados fuera de Melilla”. Tampoco ocurre.
La “imprescindible reorganización de la Consejería de Fomento” con “medidas básicas” como la creación de varias oficinas y un control previo de la Agencia Tributaria tampoco es algo que se haya cumplido o, al menos, no se ha dado a conocer, al igual que otras siete medidas o subapartados incluidos en este “Objetivo 1”, en el que solo hay cuatro medidas que sí se han materializado.
Es el caso de la elaboración de un Código Ético y de Buen Gobierno, la publicidad de los contratos menores, el asesoramiento de Transparencia Internacional y la incorporación de un miembro del grupo mayoritario de la oposición en la Mesa de Contratación.
Imbroda y Velázquez aseguraron que se cumpliría “al 100%”
Conesa: “El acuerdo de gobernabilidad surge en un momento político determinado, con dos partidos políticos, pero PPL ya no existe al haberse integrado en el PP”
El último de los tres bloques del acuerdo de gobernabilidad se refería a “la integración de los miembros de PPL en el PP” para conseguir “la unidad del centro derecha político melillense”. Este punto se cumplió el 14 de noviembre de 2016, tres días después de que Populares en Libertad decidiera por unanimidad en un Congreso Extraordinario su disolución e integración en el PP.
Ese 14 de noviembre de 2016, ambos partidos escenificaron este paso que parecía inalcanzable en la anterior legislatura por las grandes diferencias que protagonizaron en el ámbito político local. Esos desencuentros del pasado quedaron aparcados a un lado, como afirmaron los presidentes de los dos partidos, Ignacio Velázquez y Juan José Imbroda, que coincidieron en que esta integración de PPL en el PP es “lo mejor para Melilla” porque se refuerza la estabilidad política y social que ya hay en la Asamblea gracias a un pacto político “se cumplirá al 100%” y a un fortalecimiento del centro derecha en la ciudad.
Esta semana, cuando el PP fue preguntado por el incumplimiento del acuerdo, su portavoz en la Asamblea, Daniel Conesa, respondió que “el acuerdo de gobernabilidad surge en un momento político determinado, con dos partidos políticos”, algo que no se da ahora porque “PPL ya no existe” al haberse integrado en el PP.
