Las administraciones, con todos los recursos de los que dispone, que son muy numerosos, deben actuar de forma permanente contra el fraude que supone la competencia desleal. Porque de lo contrario, si no controlan como debe para hacer cumplir las normas que establece para todos, consienten situaciones injustas y son cómplices del perjuicio que se ocasiona a quienes sí acatan la legalidad Las administraciones públicas, que deben velar por el cumplimiento de las normas que establece para todos, parece que se han puesto las pilas en los últimos meses. A una semana vista de la manifestación anunciada por la Plataforma de Empresarios, el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, sacaba públicamente los datos. Desde que en marzo la Inspección de Trabajo empezó a intensificar sus revisiones junto a la Policía Nacional contra los almacenes ilegales de la frontera, se han llevado a cabo 50 actuaciones en las que han sido detectados 113 trabajadores extranjeros que estaban en situación irregular. También se han dado cuatro órdenes de paralización de trabajo por un riesgo grave o inminente para la salud de los trabajadores por la falta de medidas de seguridad laboral en los centros de trabajo.
Teniendo en cuenta que hablamos de menos de dos meses, los resultados son muy abultados y de ellos podrían derivarse unas sanciones económicas por un valor superior a 1,1 millones de euros. Es una buena noticia, porque la competencia desleal hace mucho daño a nuestra economía por la desventaja con la que cuentan aquellos que sí cumplen las normas frente a quienes las incumplen saltándose la legislación. Pero mejor noticia sería si esta postura inflexible frente a dicha ilegalidad se mantuviera en el tiempo, como debe ser.
Y es que no hay que olvidar que el propio delegado del Gobierno admitía que con estas actuaciones de la Inspección de Trabajo se da respuesta a una de las peticiones que les fueron trasladadas por parte de la patronal en las reuniones que mantuvieron representantes de la CEME y otras entidades que ahora aglutinan la Plataforma de Empresarios con los máximos responsables de la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno para pedir soluciones a la situación de la frontera. No puede ser que se actúe contra la ilegalidad cuando el sector perjudicado protesta. La competencia desleal es un problema enquistado en Melilla desde hace años en múltiples sectores económicos, no solo en la frontera. Ayer, por ejemplo, la Policía Local y la Policía Nacional intervinieron 1.880 kilos de mercancía por venta ambulante ilegal cerca de la frontera. Es importante, sí, pero es una gota en el océano y hay que hacer más.
Las administraciones, con todos los recursos de los que dispone, que son muy numerosos, deben actuar de forma permanente contra ese fraude que supone la competencia desleal. Porque de lo contrario, si no controlan como debe para hacer cumplir las normas que establece para todos, consienten situaciones injustas y son cómplices del perjuicio que se ocasiona a quienes sí acatan la legalidad.
