Coalición por Melilla va realizar al Gobierno local una serie de preguntas en el pleno de control de hoy, en primer lugar sobre qué obliga la sentencia del “Caso Abogados” ya que indican que “hay un señor que se mantiene contratado por 62.244 euros y que ha hecho la labor de fiscal adjunto en el voto por correo”. Además, les llama “mucho la atención el atrevimiento de la abogada que ha ejercido de acusación popular en el voto por correo porque según sentencia judicial se le obligó a devolver una cantidad por un cobro indebido”. El presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, expuso ayer dos preguntas que quieren formular hoy en el pleno de control y de la que esperan tener una respuesta” rigurosa y clara por parte del Gobierno”.
La primera pregunta es en referencia sobre “el caso Abogados porque hubo una condena de ciertos abogados y hay un señor que se mantiene contratado en la oficina de la Consejería de Bienestar Social con una retribución de 62.244 euros y que curiosamente ha hecho la labor de fiscal adjunto, lo digo porque era el defensor de la testigo principal en el caso del voto por correo”, dijo.
CPM quiere saber “qué obliga la condena que hay y en qué medida la compatibilidad estaba garantiza, independientemente de que todos los profesionales tienen el derecho de defender lo que quieran a su criterio y ajustado al Estado de Derecho. Pero nos sorprende que el dinero público se haya sentado en un procedimiento que ha durado 6 meses”.
Asesora jurídica
El cepemista indicó que la otra cuestión que les “preocupa y que nos les va a ocupar probablemente un procedimiento judicial que tengamos que abrir es un decreto del presidente en el año 2001 en el que procede nombrar como asesora jurídica de la Presidencia a la abogada de la acusación particular en el caso del voto por correo, que viene del despacho de Blas Jesús Imbroda, hermano del presidente y que cobró de forma indebida más de 130.000 euros”.
El líder de CPM explicó que “según sentencia judicial se le obligó a devolver una cantidad reconocimiento que hubo un cobro indebido pero 89.000 euros no se devolvieron y nos llama la atención que una profesional en el derecho se siente en una acusación popular con el dinero público cobrado indebidamente que no ha devuelto y que es del pueblo de Melilla”.
Aberchán manifestó que “acuse a funcionarios del Ingesa con una inhabilitación de varios años y que pretenda llevarlo a la cárcel me parece de un atrevimiento”. Además, afirmó que “no es muy lógico que una profesional que se ha quedado con el dinero del pueblo y que ha sido condenada firmemente hable desde la presunción con tanto atrevimiento para llevar a una familia y varios miembros a la cárcel”.
“Es el PP quien se ha atrevido a estas cuestiones y vamos a exigir al presidente de la Ciudad que nos diga cuáles son las cantidades que ha tenido que devolver, que no ha devuelto, por qué y quién es el responsable político de esto”, concluyó.
“Algunos políticos tienen mucho interés en la persecución mantenida durante 10 años”
Coalición de Melilla abrió una línea de investigación desde hace varios años debido a “adjudicaciones a dedo, nada transparente, lejos de las recomendaciones que hacen las leyes de los Presupuestos del Estado pero que se mueve de una forma escandalosa ya que se puede llegar a gastar mucho dinero público en beneficio de una persona”.
Por ello, Mustafa Aberchán aseguró que han pedido “todas las adjudicaciones y contratas que se han hecho de la Consejería de Fomento y con una estimación desde el año 2013 al 2018 de cantidades muy importantes de dinero que se traduce en un sueldo disfrazado a dedo sin ningún tipo de rigor de 2.300 o 2.400 euros mensuales independientemente de las adjudicaciones mayores”.
En definitiva, el líder de CPM cree que hay “una práctica dañina y nociva y altamente sospechosa de la Consejería por indicación de algunos políticos que tienen mucho interés en esa persecución que han mantenido durante diez años a mi partido, mi persona y mi familia”.
