Una mujer melillense ha sido condenada a pagar 960 euros de multa por amenazar y tratar de agredir al personal sanitario del servicio de Urgencias del Hospital Comarcal. La mujer, aquejada de un dolor en el pie y disconforme con el tratamiento recibido en Urgencias, cargó contra una auxiliar de enfermería, insultándola y tratando sin éxito de darle un manotazo. Cuando parecía haberse calmado, “la tomó” contra una celadora, a la que llamó “mora de mierda” y amenazó de muerte por, al parecer, negarse a solicitar su traslado en ambulancia. La Fiscalía pedía para la acusada un total de 2 años de prisión y 600 euros de multa, pero llegó a un acuerdo de conformidad con la defensa y rebajó la pena. En torno a las 17:40h del día 31 de enero de 2016 se produjo un altercado en el servicio de Urgencias del Hospital Comarcal, provocado por una paciente que, mientras era atendida por una auxiliar de enfermería por un dolor en el pie, cargó contra ella tratando de agredirla y profiriendo amenazas e insultos.
La acusada, disconforme con el trato que el personal hospitalario le estaba dispensando, primero faltó al respeto y amenazó a la auxiliar, diciéndole “hija de puta, cabrona, cuando te coja te vas a enterar, te voy a denunciar por el daño que me has hecho en el pie”. Además, le lanzó su propio móvil y trató de propinarle un manotazo (sin éxito).
A pesar del lamentable espectáculo que organizó la acusada, el personal consiguió que se calmara y que aceptara ser tratada.
Los problemas continuaron en el momento de finalizar la intervención en Urgencias, cuando la paciente se disponía a abandonar el recinto hospitalario, ya que en ese momento “la tomó” con una celadora, a la que recriminó su supuesta negativa a solicitar un traslado en ambulancia, dirigiéndole insultos racistas y amenazándola de muerte: “tú no eres nadie para negarme una ambulancia […] Cuando salgas del trabajo te voy a esperar en la calle y te voy a matar, mora de mierda”.
En un principio, el Ministerio Fiscal pedía para la acusada un total de 2 años de prisión por un delito de atentado (el personal sanitario, como el docente, tiene la misma consideración que los agentes de la autoridad a efectos de agresiones) más una multa de 600 euros por un delito leve de lesiones.
A pesar de estas pretensiones iniciales del Ministerio Público, la aceptación de un acuerdo de conformidad por parte de la acusada -quien tiene antecedentes penales-, reconociendo su participación en los hechos delictivos que se le imputaban, provocó que la Fiscalía rebajase su petición de pena, sustituyendo el delito de atentado por un delito de resistencia a la autoridad, más un delito leve de amenazas y otro delito leve de lesiones, y solicitando por todos estos delitos la imposición de una pena de 8 meses de multa a razón de 4 euros diarios, es decir, 960 euros de multa.
El Sindicato Médico de Melilla dirigió el pasado diciembre una carta al ya expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que se denunciaba que Melilla es el territorio nacional con mayor número de agresiones a sanitarios de todo el Estado. Desde el sindicato médico, que considera este tipo de agresiones como “una forma de comportamiento habitual”, reclamaba en su día que las agresiones a sanitarios se equipararan “al delito de terrorismo”.
Una de las medidas propuestas por el sindicato médico para contrarrestar agresiones como la juzgada en este caso era la retirada de todas las ayudas públicas a los usuarios violentos.
