La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sostiene que en el año 2018 España puede registrar un número récord de solicitudes de asilo, a pesar de que rechaza la mayoría de las peticiones que se formulan. Así lo puso de manifiesto la organización durante la presentación de la nueva edición de su Informe Anual: ‘Las personas refugiadas en España y Europa’. En todo 2017 ascendieron a 31.120, de las cuales 2.800 fueron presentadas en Melilla, la cuarta autonomía con la cifra más alta, solo superada por Madrid con 11.200, Cataluña con 3.900, y Andalucía, con 3.300. El pasado ejercicio fueron rechazadas el 65% de las solicitudes realizadas, por lo que la tasa de reconocimiento se situó 10 puntos por debajo de la media europea, que está en alrededor del 45% de peticiones aceptadas.
Desde CEAR han destacado que a mediados de mayo de este año ya se habían registrado 17.000 peticiones de asilo en España.
En el documento CEAR también denuncia que hay acumuladas más de 43.000 solicitudes de asilo pendientes y que el tiempo medio para resolverlas supera el año. «Los datos de 2017 siguen describiendo una realidad inadmisible», ha subrayado la secretaria general del organismo, Estrella Galán, que ha insistido en las llegadas «son asumibles». «No podemos relajarnos y obviar este fenómeno», sostiene.
Galán, que ha reclamado un sistema Europeo Común de Asilo, ha destacado que España es el sexto país en número de solicitudes de asilo con 31.120 en 2017, pero está «lejos» de los países que están en los primeros puestos, como Alemania, con 222.560 o Italia, con 128.850.
«Solo el 4% de todas las solicitudes de asilo se concentran en España, así que no se puede decir que no se pueden asumir», ha manifestado, precisando que, según sus datos, España dio el año pasado 595 estatutos de refugiados, «la mayor cifra desde 1994», e incidiendo en que la protección internacional otorgada «cayó a la mitad» respecto a 2016, al pasar del 67% al 35% el porcentaje de personas que la recibieron.
Desde CEAR apuntan que en 2017 se superaron los 70 millones de personas obligadas a vivir fuera de sus hogares, mientras los países europeos tratan de mantenerles «lo más lejos posible», a pesar de que únicamente tratan de «salvar sus vidas» y teniendo en cuenta que esa mentalidad de mantenerles alejados es «contraria» al proyecto europeo común.
Además, el organismo denuncia que 6.163 personas fallecieron en su trayecto migratorio tratando de llegar a Europa a lo largo de 2017, al tiempo que la Unión Europea ha tendido hacia la «criminalización de las organizaciones de rescate en el Mediterráneo como cortina de humo para invisibilizar las consecuencias de las política de blindaje de fronteras de la UE».
