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El Defensor del Pueblo niega que las medidas del Gobierno generen un efecto llamada

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ayer en el Senado

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha negado que la intención del Gobierno de retirar las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, devolver la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular o acoger a los migrantes del ‘Aquarius’ generen un efecto llamada.

“Creo poco en los efectos llamada. En África, lo que hay es un efecto de expulsión como consecuencia de la miseria y de vivir en sociedades que son absoluta y totalmente inhóspitas”, ha afirmado el Defensor en declaraciones a los medios antes de comparecer en el Pleno del Senado para presentar el informe correspondiente a la gestión de la Institución durante 2017.
Por ello, ha apuntado que los europeos “en lugar de levantar una muralla en el Mediterráneo”, lo que deberían hacer es poner en marcha un programa o proceso que “ayude a que mucha gente se quede en sus países y encuentre allí las posibilidades de vida y desarrollo que trata de encontrar en Europa”.
“Yo estoy contento de que el Gobierno haya tomado esta decisión, me parece avanzada, contribuye a resolver un problema y marca el signo y la orientación de un proyecto político”, ha apuntado Fernández Marugán sobre la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Posteriormente, en el Pleno de la Cámara Alta, el Defensor ha iniciado su comparecencia alertando de las advertencias desde algunos sectores sobre un posible efecto llamada a la inmigración irregular en España con la llegada de cientos de personas a las costas en las últimas semanas.
“Debemos tener bastante cuidado. Las llegadas de migrantes han dado lugar a una apreciación con la que me siento incómodo: Se dice que vienen aquí porque existe un efecto llamada”, ha advertido Fernández Marugán, que también ha recordado que en todo 2017 entraron en España 28.000 personas de manera irregular frente a las 40.000 de hace una década. “Cuando abordemos estas cuestiones de las llegadas de extranjeros debemos tener cuidado y manejarnos desde los justos términos”, ha avisado.

Sistema de acogida
Para Fernández Marugán existe el reto no solo del control de las fronteras, sino también de mejorar el sistema de acogida, con la mejora de las infraestructuras (centros de extranjeros), hacerlas más flexibles y dotarlas de equipos multidisciplinares, con la colaboración de las administraciones públicas y el apoyo de la sociedad civil.
“Nos vamos a tener que plantear problemas de voluntad política de recursos económicos, de voluntad institucional y, quién sabe, si reformas legislativas”, ha subrayado el Defensor, para añadir que hay que facilitar la cooperación económica desde la Unión Europea con los países de origen de los migrantes “para mejorar las condiciones de vida”.

El “problema” de los menores extranjeros no acompañados

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, también ha planteado en el Pleno del Senado el “problema” de los más de 6.200 menores extranjeros no acompañados que llegan a España, cuyas circunstancias responden a distintas tipologías. Según ha explicado, unos son ‘niños de la calle’ y otros huyen de conflictos bélicos o de la trata de seres humanos.
Según ha alertado, en los últimos cinco años las llegadas de estos niños han experimentado un “crecimiento constante”. “Las rutas migratorias de estos menores son las mismas que las de los adultos y su proyecto migratorio es buscar un trabajo para lograr una vida digna y apoyar a sus familias”, ha explicado.
También ha descrito la situación que viven muchas chicas que huyen del maltrato, los abusos sexuales, matrimonios forzosos y, en su trayecto migratorio, “asumen riesgos graves”, como el de ser atrapadas por las redes de trata.

Tutela más allá de los 18 años
Fernández Marugán ha indicado también que en España hay niños tutelados por las administraciones autonómicas, especialmente en Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y ha subrayado la propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz de no interrumpir la protección de estos menores el día que cumplen 18 años.
“Debemos ayudar a resolver para lograr su plena integración laboral y social de los menores tutelados, que requieren más formación y educación para subsistir”, ha aseverado, para añadir que la acogida de este colectivo debe estar diseñada a través de un modelo de cooperación en las distintas administraciones.

Los menores de Melilla
El Defensor del Pueblo ha señalado que en Melilla hay un importante número de niños y niñas que vagan por sus calles “en estado lamentable”. “Confío en que el programa anunciado por la ciudad autónoma dé resultados en breve”, ha dicho en el Senado.
También ha recordado en su comparecencia la situación de un grupo de niñas y niños nacidos en Melilla, “hijas e hijos de extranjeros en situación irregular, que quieren ir al colegio pero no se les facilita la escolarización”.

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Redacción

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