Coalición por Melilla (CPM) acusó ayer al Gobierno de la Ciudad Autónoma de estar promoviendo el acceso a la función pública mediante una “práctica sospechosa y totalmente ilegal”, por la que numerosos trabajadores de empresas privadas están “entrando por la puerta de atrás” de la Administración. El diputado de CPM Rachid Bussian se referió a las denuncias que varios de estos trabajadores de empresas privadas, con servicios adjudicados por la Ciudad Autónoma, han presentado contra la Administración en los juzgados, y al poder demostrar su relación contractual, finalmente se han quedado con la plaza.
Según Bussian, se trata de una cesión ilegal de trabajadores que la Ciudad Autónoma “no puede seguir soportando”, ya que de esta forma no se están respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en el acceso laboral a las administraciones públicas.
Además, señaló que a los trabajadores a los que la Justicia les ha dado la razón han tenido que ser indemnizados por la Ciudad Autónoma con entre 30.000 y 70.000 euros, además de la plaza en la Administración sin haberla obtenido en unas oposiciones.
El diputado aseguró que 10 trabajadores han denunciado a la Ciudad Autónoma en los últimos meses, y ocho de ellos siguen manteniendo esa relación laboral, por lo que se preguntó por qué la Administración no ha sacado a concurso público esas plazas para que puedan ser amortizadas.
“No es una persecución”
“¿Cuál es el interés de que sigan trabajando estos señores?”, quIso saber Rachid Bussian, puntualizando que su formación no tiene nada en contra ni está realizando una “persecución” contra los trabajadores, pero insistió en la necesidad de denunciar esta “mala práctica” que se está dando en esta legislatura.
Bussian indicó que en el anterior mandato, quien entonces ocupaba la responsabilidad de Administraciones Públicas, la consejera Catalina Muriel, emitió dos circulares siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Estado para dar instrucciones al resto de departamentos de la Administración melillense sobre “buenas prácticas”.
CPM entiende que Muriel “puso todo su empeño en sacar decenas de plazas a oposición libre que por sentencia, habrían sido personal laboral indefinido”, que es la categoría con la que “ahora están entrando en la Administración por la puerta de atrás”.
Por ello, anunció que CPM presentará en el próximo Pleno de Control al Gobierno, que se celebra el viernes 29 de junio, una interpelación para proponer la firma de un pacto para evitar estas prácticas, ya que considera que el panorama de esta legislatura en este asunto “es desolador”.
