El decano de los jueces en Melilla, Fernando Portillo, atendió a MELILLA HOY para valorar la medida del Ministerio de Justicia que, por primera vez desde que comenzaran las huelgas de jueces en 2009, les retendrá del sueldo el dinero correspondiente al día de huelga. Portillo recordó que esta era una petición expresa de las asociaciones de jueces y fiscales, y consideró que implica la legitimación del derecho a huelga de ambos colectivos, un derecho que en su día fue puesto en tela de juicio y ante el que los diferentes gobiernos han reaccionado “mirando a otro lado”. “Por fin, después de 10 años, esta medida legitima el derecho a huelga de los jueces”. El juez decano de Melilla, Fernando Portillo, atendió a MELILLA HOY para valorar la decisión del Ministerio de Justicia de retener a los jueces el dinero de sus nóminas correspondiente al día de huelga, una medida totalmente habitual cuando hablamos de cualquier otro colectivo, pero que es innovadora en lo que a los jueces respecta.
Hasta el momento, ninguno de los ejecutivos que habían sufrido alguna de las únicas 4 huelgas celebradas por los jueces (la primera en 2009) había dado una orden en tal sentido ya que, según explica el juez decano, “hay una discusión teórica en torno a si los jueces, como uno de los poderes del Estado, tenemos derecho a huelga o no, discusión que por otra parte es del todo estéril desde el mismo momento en que vamos a la huelga por primera vez”. De este modo, que el Ejecutivo no retirara de las nóminas de los jueces el importe correspondiente al día de trabajo perdido por la huelga era, en cierto modo, una manera de deslegitimar el derecho a huelga de este colectivo.
Es por ello que Portillo ha valorado muy positivamente el hecho de que el Ministerio de Justicia haya tomado esta medida, ya que pone fin a la situación de deslegitimación que se venía dando, “esto que ha hecho ahora la ministra Delgado era algo que las asociaciones de jueces habíamos pedido expresamente”, recordó el decano.
En cuanto a la discusión en torno a si los jueces tienen derecho o no a la huelga, el juez decano recordó que en la Constitución sólo se limita a este colectivo el derecho a la sindicación, si bien no se especifica nada del derecho a huelga, “y cabe recordar que los derechos fundamentales, como el derecho a huelga, no se pueden interpretar restrictivamente, aunque no vengan explicitados, salvo que la Constitución determine específicamente lo contrario, cosa que no ocurre […] cualquier limitación de derechos fundamentales tiene que venir expresamente recogida en la Constitución”, recuerda Portillo.
“Por fin, después de 10 años, esta medida implica legitimar y reconocer que tenemos derecho a la huelga”, sentenció.
Piensa mal…
El juez decano de Melilla, pese a la valoración positiva que hizo de la decisión tomada por el Gobierno por sus implicaciones para con la igualdad en derechos entre los jueces y el resto de colectivos de funcionarios, quiso hacer matices.
En primer lugar, ateniéndose al principio popular de “piensa mal y acertarás”, el juez decano puso en duda que esta medida del Gobierno de Pedro Sánchez haya estado motivada por la voluntad del Ejecutivo de legitimasu el derecho a huelga, y valoró la posibilidad de que se trate de una mera estrategia disuasoria para dar un toque de atención a los jueces de cara a futuras huelgas, “algo que no tendrá efecto, dado que los jueces comprometidos con la huelga seguirán estándolo aunque pierdan algo de dinero, y a los que no la apoyan no les afecta”.
Por otro lado, Fernando Portillo se pregunta acerca de cómo actuará el Gobierno con los jueces encargados de satisfacer los servicios mínimos; “supongo que a los que se han encargado de estos servicios no les detraerán dinero de su seldo, aunque no se cómo lleva el Gobierno el control”, conluyó.
