Coalición por Melilla (CPM) elevará una queja al Consejo General del Poder Judicial para denunciar que “parte del poder político local está interviniendo en los procesos” judiciales que afectan al PP y al Gobierno local, con el objetivo de “dejar pasar determinados plazos” y que finalmente no puedan juzgarse casos de corrupción como Tosca y Ópera. De hecho van a pedir también al juez decano que custodie estas diligencias para que los procesos puedan verse en sala. El diputado cepemista Rachid Bussian denuncia el retraso en el enjuiciamiento de los casos Opera y Tosca que, según recordó, salpicaron a políticos del Gobierno del PP, empresarios y funcionarios de la Ciudad Autónoma y que fueron “dos cuestiones muy importantes” que tuvieron una gran repercusión mediática incluso a nivel nacional.
Asevera que este retraso “está provocando de manera indirecta la multiplicación de la naturaleza del delito en lo que a la contratación menor se refiere, es decir, que este Gobierno sigue actuando de la misma manera que propiciaron en las dos últimas legislaturas decenas de detenciones e imputaciones entre políticos, empresarios y funcionarios”.
Influencia
Asegura que la última condena por el Caso Abogados, que ha llevado a la ex consejera del PP Mª Antonia Garbín a renunciar a sus cargos y a su acta de diputada, decisión que considera acertada, “viene a confirmar la mala praxis del Gobierno Imbroda durante años en lo que se refiere a la continua prevaricación en la contratación menor”.
De hecho afirma que por estas cuestiones la Guardia Civil “está investigando delitos contra la administración pública, blanqueo y falsedad documental, actividad empresarial con amaño de contratos con la administración, así como delitos de prevaricación, fraude y cohecho”.
Pero apostilla que si estas cuestiones no han llegado aún a ser juzgadas es porque “parte del poder político local está interviniendo en los procesos administrativos en los que se refieren a las diligencias de estas causas judiciales”, porque señala que hay determinadas personas que “hablan con jueces sustitutos y que en despachos y pasillos se insta a dejar pasar determinados plazos”.
Todo esto es “sin duda, otra forma de corrupción que está propiciando que en la actualidad estas actuaciones judiciales de gran calado”, en las que la Guardia Civil se incautó de un sinfín de documentos incluso en viviendas privadas, continúen con diligencias abiertas o “con defectos de forma”.
Por todo ello, anunció que CPM presentará un escrito al juez decano para que “de algún modo custodie y fiscalice la información puntual de estos procesos judiciales” pero también presentarán una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “porque entendemos que hay alguien que toma la decisión de guardar determinadas operaciones judiciales en el cajón, que es otra forma de corrupción que se da en Melilla”.
Casos sin juzgar aún
No llega a entender el cepemista que a pesar de que hubo detenciones, que “que aún no se hayan celebrado determinadas vistas para esclarecer hechos y delitos bastante graves” y teme que pueda ocurrir como con la pieza separada del caso Tosca que acaba de ser archivada por falta de información.
Bussian asegura que hay “determinados profesionales del Derecho” que hacen lo posible para “viciar procesos judiciales y por eso vamos a presentar estos escritos al juez decano y a al CGPJ para fiscalizar cómo van estos procesos, porque entendemos de que es tiempo ya para enjuiciar”.
Manifiesta que “sería muy difícil de entender que nadie saliera condenado después de que la UCO haya encontrado indicios de delitos, sobre todo para los melillenses que ven cómo el dinero público se lo llevan o se gasta de manera irregular y queda impune”.
