No le faltarán candidatos a la Ciudad Autónoma para cubrir vacantes en el Cuerpo de Agentes de Movilidad, a juzgar por el aluvión de solicitudes que ha recibido para entrar en la bolsa de trabajo que ha creado para reforzar esta unidad de la Consejería de Seguridad Ciudadana. En total, 940 personas han presentado su solicitud, de las cuales 53 han quedado excluidas por no cumplir los requisitos que se solicitaban para formar parte de esta bolsa. El Boletín Oficial de Melilla (BOME) publicó el pasado viernes la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para crear esta nueva bolsa de trabajo de los Agentes de Movilidad, una vez finalizado el plazo de reclamaciones que la Ciudad Autónoma dio en diciembre tras la publicación del listado provisional.
Al final son 887 las personas que forman parte de la lista tras haber sido admitidos por la Administración local, lo que da muestras de la gran expectación que ha generado en la ciudadanía esta oportunidad para formar parte del Cuerpo de Agentes de Movilidad, que apoya a la Policía Local en sus competencias de tráfico.
Hay que recordar que la creación de esta bolsa fue anunciada por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, durante la celebración del patrón de la Policía Local. Explicó que esta medida tenía como objetivo dotar de más efectivos a los Agentes de Movilidad.
Orden de puntuación
Una vez constituida la bolsa y publicada la lista de admitidos y excluidos, la Ciudad Autónoma recurrirá a ella para suplir las necesidades de la unidad de Agentes de Movilidad, los cuales serán llamados por orden de puntuación, ya que los aspirantes tuvieron que superar dos pruebas, una de ellas un cuestionario tipo test con 50 preguntas del temario y un ejercicio sobre el callejero de Melilla.
En cambio, no podrá recurrir a los 53 aspirantes que han sido excluidos por diferentes motivos. Hay que recordar que los interesados en formar parte de esta bolsa debían cumplir una serie de requisitos, muy similares a los de las oposiciones de cualquier otra categoría profesional en la función pública, como por ejemplo, tener nacionalidad española o de un país miembro de la UE, ser mayor de 18 años y tener el carné de conducir B.
También debían tener la capacidad funcional para desempeñar las tareas de esta unidad de seguridad, dedicada a la regulación del tráfico rodado, para lo que debían presentar un certificado médico oficial. Los aspirantes tampoco pueden haber sido separado de la función pública por un expediente disciplinario.
