El Ejecutivo central mantiene el requisito para la compra de Endesa de que la empresa que adquiera a la eléctrica no podrá vender su instalación en Melilla en cinco años, pese a que Bruselas le había dado de plazo hasta este viernes para retirar esta y otras exigencias al considerar que vulneran los principios de libre circulación de capitales y mercancías y la libertad de establecimiento.

En su respuesta al Ejecutivo comunitario, el Gobierno rechaza los argumentos de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, y defiende las condiciones impuestas por el Ministerio de Industria como necesarias para "garantizar la seguridad de suministro", según informaron fuentes gubernamentales, que consideraron inevitable que el caso termine ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las nuevas condiciones cuya retirada exigía Bruselas son, en concreto, la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de 5 años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años y la obligación de utilizar carbón nacional.

Asimismo, establece la obligación para E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.

El Ejecutivo comunitario ha actuado ya hasta cuatro veces contra España por obstaculizar indebidamente la OPA de E.ON sobre Endesa.