La Autoridad Portuaria de Melilla ha iniciado un proceso de modernización de equipos, medios y reciclado de su personal, al objeto de estar a la última en lo que se refiere al recoger cuantas recomendaciones o reglas recoge la Ley de Protección de Datos. Previo a ello, tal como apuntó el presidente del ente, Arturo Esteban, se encargó a la empresa Davara & Davara Asesores Jurídicos la elaboración de un estudio para determinar el grado de seguridad existente y las mejoras a introducir.

El presidente de la empresa asesora, el catedrático de Derecho Informático y de Informática para la Juristas de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Miguel Ángel Davara Rodríguez, comentó que el informe elaborado establecía que la Autoridad Portuaria, en materia de protección de datos “estaba al día”, pero eso no quita que se hayan realizado algunas sugerencias y propuestas para mejorar lo existe, como ha sido a través de un curso para el reciclado de los trabajadores, así como incrementar los medios y recursos. “La Autoridad Portuaria tiene el informe y también la sensibilidad de querer llevar a cabo las actuaciones de protección de datos de forma casi científica que le proponemos”, comentó.

El profesor recordó que la protección de datos es un derecho fundamental recogido en la Constitución y refrendado por la jurisprudencia, de ahí que la Ley recoja, en materia de sanciones, multas que van desde los sesenta mil euros de mínimo hasta los 600.000 euros para los casos más graves de acceso a datos confidenciales.

Con la modernización de sus servicios, la Autoridad Portuaria asegura la cofidencialidad tanto de clientes como de empresas que operen a través del puerto melillense. Para facilitar el trabajo de los empleados de la entidad, se ha elaborado un protocolo de actuación que regula el uso y acceso de los datos que cuenta en sus bancos de memoria por parte de los clientes.