Hacienda y la Guardia Civil investigaban una posible red de compra-venta fraudulenta de automóviles en Melilla. El caso era que una ama de casa había adquirido 19 coches en el plazo de dos meses, que después, vendió a una empresa de alquiler de coches en la Península. La empresa en cuestión burlaban el pago del IVA y el impuesto de matriculación.
La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento denunciaba la existencia de un pacto de intereses entre el concejal-delegado de Personal, Enrique Palacios y la FSP-UGT encaminado a tener garantías de una ausencia absoluta de conflictividad en la plantilla municipal.
El MEC anunciaba que se repararía de urgencia el muro de cerramiento del colegio Juan Caro, objeto de continuos robos por este motivo.
