Conviene reseñar, ante todo, el carácter público de la relación estatutaria : el modelo de selección, la idea de que los servicios se prestan en virtud de un nombramiento, la regulación que se hace de las situaciones del personal, son ejemplos claros de ello.

Habrá que ubicar las condiciones de trabajo en el plano del Derecho de la Función Pública. Habrá que delimitar las competencias estatales y autonómicas por un lado y, por otro, las relaciones entre la Ley y la Negociación Colectiva. Se trata de dar una respuesta coherente a los problemas que el personal temporal y, en concreto el personal de enfermería de Melilla, está presentando en el momento actual. Si bien, históricamente, ha existido una "negociación informal" y con posterioridad los resultados eran incorporados a normas estatales específicas, un ámbito descentralizado de negociación da lugar a que los acuerdos alcanzados en este terreno carezcan de un marco jurídico en el que ubicarse.

Tras la entrada en vigor del real decreto de transferencias, las comunidades autónomas se subrogan, en la totalidad de los derechos y obligaciones del extinto INSALUD, pero no Ceuta y Melilla. Es el INGESA quien gestiona nuestra sanidad .No existe competencia a nivel de "ciudad autónoma". SATSE sigue sin estar de acuerdo en la forma en que se está llevando el tema de la Bolsa de Empleo, porque ante una denuncia formal del Pacto de Contrataciones, la administración está obligada a contestar formalmente y, todavía, no lo ha hecho.

Además, si existen irregularidades desde antiguo, habrá que subsanarlas, pues si, por ejemplo, el INSALUD desde 1999 otorgaba en el baremo de médicos de Atención Primaria a la formación MIR en la especialidad de Medicina de Familia la puntuación equivalente a siete años de experiencia como médico general, ¿por qué motivo no se actualizó en su momento el Pacto local del INSALUD? ¿Tenemos que seguir condenados, hoy , a que se sigan haciendo las cosas "como siempre" en Melilla?
Dicen que donde acaba la ley, empieza la tiranía, por eso, si ya está prevista como exigencia legal en el artículo 84 de la Ley General de Sanidad, ¿por qué no se lleva a cabo, en el INGESA, la absolutamente necesaria renovación, en profundidad, de todo el aparato normativo que regula la prestación de servicios de las instituciones pública ¿Por qué se siguen tolerando en nuestra ciudad fórmulas ancestrales de gestión?
¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?. Los profesionales de enfermería saben que el baremo que les pretenden imponer no es equitativo para todo el personal temporal, no porque lo digamos nosotros sino porque ven que, de aplicarse, la mayoría de ellos, quedaría en peor situación que ahora, retrocediendo muchos puestos en el listado de la bolsa de empleo, teniendo más dificultad a la hora de acceder a un contrato que otros compañeros que llevan inscritos en dicha bolsa de trabajo menos tiempo. Las irregularidades organizacionales a las que nos tienen acostumbrados, no deben tolerarse como algo "normal", alguien tendrá que poner freno a esto.