La indignación, como la tensión, se masca en el ambiente de los acuartelamientos de Melilla, y sobre todo en los de La Legión y Regulares, que al parecer son los más afectados por los posibles traslados a la Península que, pese a que son negados por activa y por pasiva desde la Delegación del Gobierno y el Partido Socialista, son ya una realidad en forma de carta de disponibilidad.

Son casi 100 los mandos de La Legión y Regulares los que han recibido ya esta carta o, al menos, han obtenido una confirmación oral por medio de sus jefes esta misma semana, como ocurrió en el Tercio, cuyo coronel reunió a las primeras 43 víctimas de un Plan de Transición que rompe todos sus planes de futuro en Melilla para comunicarles que en menos de tres meses tendrán que hacer las maletas y buscar destino en otro lugar. Muchos ya le han empezado a hacer caso pensando sobre todo en sus familias, sus viviendas y todas sus cuestiones personales, que tendrán que ser sometidas a una mudanza exprés comunicada con sólo 90 días de antelación.

Todo un reto que desde Defensa se lo podrían haber facilitado de ser cierto lo que familiares de militares aseguran en una carta remitida a este Diario y publicada en la página 4 de nuestra edición de hoy: al parecer, motivos de carácter electoral tienen la culpa de que los anuncios de traslados se hayan empezado a hacer efectivos ahora y no hace meses, cuando el Gobierno sabía lo que iba a ocurrir. Sin embargo, según denuncian las familias de los militares, Defensa se guardó esta amarga noticia por temor a represalias en las urnas, consciente de que iba a traer mucha cola, como así está ocurriendo.

Si eso es así, sería desde luego una actuación del Gobierno bastante grave que bien merece la indignación de los militares afectados por el Plan de Transición, que ahora tienen que aguantar encima que el PSOE, para salvar su desgastada imagen, siga diciendo aquello de que “son sólo rumores”. Está claro que rumores ya no son porque los militares tienen las cartas en sus manos y su futuro en el aire. Además, la Delegación del Gobierno ya se ha posicionado al respecto con un comunicado oficial de prensa dando su propia versión de los hechos.

Habrá que ver si esta indignación lógica entre los militares afectados no termina explotando con alguna movilización popular que la Ciudad Autónoma no descartó al anunciar las medidas que iba a tomar para frenar una de las decisiones más polémicas del Gobierno de Zapatero.