Decanos y miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España, encabezados por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, se concentrarán el 24 de julio ante la sede de la Abogacía en Madrid para mostrar su rechazo al Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en tramitación.
Los participantes, que vestirán toga, saldrán de la sede de la Abogacía hasta la Plaza de Cibeles donde se instalará una carpa. Allí, Carnicer dará lectura a un Manifiesto en Defensa de la Justicia Gratuita que, posteriormente, firmarán todos los decanos en presencia de los miembros de cada Junta de Gobierno. Este documento se remitirá al Gobierno y al Congreso de los Diputados. En la carpa habrá una zona habilitada para que los ciudadanos puedan estampar su firma contra la Ley y para informarles de los perjuicios que esta norma implica para la sociedad y para los abogados.
A pesar de que la Abogacía en su diálogo con el Ministerio de Justicia ha logrado importantes avances en el proyecto de Ley, sigue habiendo aspectos fundamentales que perjudican al justiciable: “no garantiza la financiación pública ni la cercanía de la Justicia al ciudadano, desconfía y sospecha de los ciudadanos, menosprecia la labor de los abogados del Turno de Oficio al no garantizar un pago digno y puntual por sus actuaciones, burocratiza y hace más lenta la labor de los abogados y de los Colegios y, sobre todo, deteriora un servicio de calidad y no mejora el actual modelo ni lo moderniza”, señalan los abogados.
En el Proyecto de Ley hay temas que,” si no se cambian, pondrán en riesgo un servicio público modélico prestado por 83 Colegios de Abogados y 42.500 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, cuyo presupuesto se ha reducido 42 millones de euros los últimos cuatro años, fundamentalmente a base de rebajar de forma sustancial los baremos que cobran los abogados de Oficio”, indican.
Por todo ello, la Abogacía Española continuará defendiendo las modificaciones en el proyecto de Ley con todos los medios a su alcance y reclamando una negociación abierta y urgente de este y otros proyectos normativos que afectan a los derechos de los ciudadanos.
