Los ministerios de Empleo, Justicia, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Interior y Exteriores firmaron ayer un Protocolo de Menores Extranjeros no Acompañados con el objetivo de coordinar todas las actuaciones que instituciones y administraciones en relación a la atención, identificación y protección de este colectivo, que en España alcanza los 2.841 registrados. En el documento se defiende el retorno al país de origen como "solución duradera", aunque también incluye su integración en la comunidad de acogida, algo que se señala como "complicado". El Protocolo responde a una previsión contenida en el artículo 190.2 del Reglamento de Extranjería, en vigor desde 2011, y recoge la jurisprudencia internacional en torno a los menores extranjeros no acompañados, así como la del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado.
En la presentación del texto, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, destacó que el protocolo "recoge y sistematiza" la doctrina del Tribunal Supremo sobre la identificación de estos menores de edad. La semana pasada, el Alto Tribunal sentenciaba que las pruebas de determinación de la edad no pueden hacerse de forma indiscriminada, y menos cuando los niños cuentan con un documento válido de su país de origen que acredita su edad.
Coordinación
Torres Dulce también destacó de este protocolo la determinación del régimen y naturaleza de las pruebas médicas que se realizan a los menores extranjeros o las condiciones para otorgar la autorización del permiso de residencia, entre otras cuestiones. Asimismo, señaló que el documento "cumple" con el objetivo fijado por la Fiscalía para que sirva de "instrumento de coordinación" de las actividades de todas las instituciones en este ámbito y ha dicho que espera que sirva de "referente internacional".
Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez aseguró que este protocolo, que no se ha facilitado a los medios de comunicación, establece "con claridad" cómo, cuándo, dónde y quién debe actuar cuando un menor extranjero no acompañado por un adulto es localizado en territorio español. También destacó que con este texto el Gobierno pretende proteger a estos menores, que están "a merced de las mafias de trata de seres humanos" y pretende ser "un patrón de buenas prácticas" en España.
El Acuerdo hace también referencia a la orientación de la política sobre menores extranjeros no acompañados al retorno del menor a su país de origen, bien con su familia bien en un centro de acogida de menores de su país, como "solución duradera" y siempre que ello constituya el interés superior del menor.
No obstante también existe la posibilidad de la integración del joven o niño extranjero en la comunidad de acogida, algo que Báñez calificó de "complicado", sobre todo cuando se trata de casos en los que los menores no regresan con sus familias. "Dar una respuesta a cada uno de esos menores requiere una atención individualizada y pormenorizada de muchos agentes hasta que finalmente queden bajo la tutela de las comunidades autónomas donde residan", indicó la ministra de Empleo.
Junto a la coordinación de las actuaciones en todas las fases del proceso -sea cual sea la institución que actúe en cada momento (localización, identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del servicio público de protección de menores y documentación)-, el Protocolo tiene como objetivo lograr el adecuado funcionamiento del Registro de menores extranjeros no acompañados, que a 31 de diciembre de 2013 recogía la cifra de 2.841.
Además, el documento refuerza las garantías del sistema de protección del menor, abordando cuestiones de especial sensibilidad, como las relativas a protección internacional o a la prevención de la trata de seres y contra la utilización de menores a este fin por adultos pretendidamente responsables de ellos.
