La Comisión de Observadores de Derechos Humanos (CODH) que el pasado 3 de julio visitó Melilla para interesarse por la situación de los inmigrantes irregulares que acceden a la ciudad, denuncian en un informe que tanto España como Marruecos vulneran los derechos humanos de los migrantes (hombres y mujeres) que intentan acceder a la ciudad. Además de elaborar una serie de recomendaciones que buscan acabar con la situación que denuncian, también señalan que elevarán este informe al Sub-Comité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y al Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa "por la gravedad" de los hechos. La CODH afirma haber detectado una situación "extremadamente grave" con respecto a la vulneración de derechos humanos de las personas migrantes en tránsito en Melilla. Por ello solicitan que se adopten "con carácter urgente", distintas medidas paliativas. Así, al Gobierno del Estado español le exigen que "respete los Convenios y Tratados Internacionales del cual es parte en materia de Derechos Humanos, que prohíben la práctica de la tortura y los malos tratos, así como la devolución de personas a estados de los que existen evidencias claras de que van a ser torturados o maltratados".
Depurar responsabilidades
Además, que realice las investigaciones internas y la depuración de responsabilidades ante las situaciones de "omisión del deber de socorro en las que fuerzas de seguridad españolas han permitido que las fuerzas de seguridad marroquíes maltraten a personas migrantes en territorio español, y ante su presencia". Asimismo, solicitan que investigue y depure responsabilidades "ante las situaciones de malos tratos ejercidos por cuerpos de seguridad del Estado en actuaciones realizadas en el perímetro fronterizo".
Igualmente se recomienda al Gobierno que "deje de realizar de manera inmediata 'devoluciones en caliente' ilegales así como sean cesadas todas las personas que hayan sido responsables de esta práctica contraria a la legislación europea y estatal". Solicitan que colabore con las investigaciones judiciales en curso, que mejore los mecanismos de control interno y de formación de los Cuerpos de seguridad que desempeñan su cargo en Melilla, "a efectos de evitar que se produzcan situaciones de tortura, malos tratos o vejaciones".
Las organizaciones demandan del Ejecutivo central que realice una inversión económica en las instalaciones del CETI y sus alrededores, en formación del personal de manera que “evite que se sigan vulnerando derechos fundamentales”. En este sentido es necesario “un personal ajustado a las necesidades específicas de la población". Asimismo, corresponde al Gobierno la realización de los traslados a la Península con las garantías necesarias para evitar la saturación del centro y las situaciones derivadas de esta. En este punto, exigen que se aplique "el protocolo de Asilo y Refugio conforme a los Convenios Internacionales reguladores de la materia".
Asimismo, que "cumpla su obligación de facilitar y llegar a la UE en calidad de solicitantes de asilo a quienes estén en condiciones de solicitar la protección internacional, que aplique protocolos adecuados para detectar casos y proteger a personas con situaciones de especial vulnerabilidad, y que atienda las solicitudes de asilo por situaciones de trata con fines de explotación sexual en lugar de remitir las situaciones a la Ley de Extranjería.
También se pide que se abra una investigación sobre la situación de los menores no acompañados. En concreto sobre los elementos "institucionales que están fallando" para que se exista un circuito "irregular" en las trayectorias de los jóvenes, consistente en la "huida de los centros donde se producen graves irregularidades; la situación de calle sumidos en drogas y delincuencia menor y los intentos de acceso a la península poniendo en riesgo sus vidas".
Las ONGs piden que se abra una investigación acerca de la negación de asistencia sanitaria a inmigrantes. Recuerdan que el ministerio de Sanidad ha de dar directrices claras y protocolos de actuación para que se cumpla la ley y "no se siga negando sistemáticamente la asistencia sanitaria con consecuencias fatales para la integridad de las personas y su salud". Afirman que "las prácticas de exclusión están tan arraigadas que sería necesario un grupo de observadores hasta que se asegure la atención sin condiciones".
Marruecos
A Marruecos las ongs les exigen que "cesen las situaciones de tortura y malos tratos proferidas a personas migrantes en tránsito, así como las redadas violentas en los campamentos del monte Gurugú". Que detenga la construcción de la valla marroquí y, en todo caso, no instale concertinas en las mismas.
A las Organizaciones Internaciones y Estatales de Protección de los Derechos Humanos, "ante la gravedad de los hechos denunciados en el informe, es imprescindible que se abran investigaciones independientes con carácter urgente que analicen las situaciones de vulneración de los Derechos Humanos cometidas por agentes gubernamentales a ambos lados de la frontera y, especialmente, en los procesos de expulsión; que se lleven a cabo las acciones legales oportunas para evitar que las situaciones denunciadas se sigan llevando a cabo, y que conjuntamente presionen a los Gobiernos español y marroquí a que respeten los derechos humanos y las legalidades vigentes".
