El Tribunal de Cuentas (TCu), en su informe de fiscalización de 2010-2011, realizó una observación sobre el contrato que la Ciudad Autónoma mantiene con la empresa Getyr, encargada de la gestión tributaria y recaudación de tributos, al entender que el cobro de las autoliquidaciones era "indebido". Ayer, el portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, consideró que la observación del TCu "no tiene la más mínima base, el más mínimo fundamento". Es más, tildó esta observación de "absolutamente improcedente". "Estamos convencidos de que llevamos la razón y la documentación lo demuestra", apuntó el portavoz del Ejecutivo. En rueda de prensa, y después de que en el Consejo de Gobierno del viernes se aprobara la interpretación de las cláusulas del pliego del contrato de colaboración para la gestión tributaria, recaudación voluntaria y recaudación ejecutiva de tributos y otros ingresos, Conesa señaló que es un "error de fondo" la interpretación del TCu, por cuanto se basa en "alguna imprecisión que el contrato con Getyr, suscrito en 2006, podría contener".
Así, el portavoz recordó que la primera consecuencia de la observación recogida en el informe de fiscalización tuvo como consecuencia que, "de manera voluntaria", la empresa Getyr suspendió la facturación de las autoliquidaciones hasta que no se aclarase la situación. "Estamos completamente seguros de que al final se dará la razón a la Ciudad Autónoma, como hasta ahora ha ocurrido con las advertencias y comentarios por parte del TCu", dijo Daniel Conesa, que resaltó que, en cualquier caso, la empresa no factura el concepto discutido desde que se conoció el citado informe de fiscalización a mediados del pasado año.
Getyr, no obstante, ha solicitado a la Administración que interprete el contrato. "Cuando existen dudas en la aplicación de un determinado contrato, hay normas y fórmulas para proceder a la interpretación", indicó el portavoz del Gobierno local, que dejó claro que, en este caso, la interpretación no es por desacuerdo entre el contratista y la Administración, sino por una cuestión planteada por un tercero -el Tribunal de Cuentas- que está produciendo "un perjuicio a la Ciudad Autónoma, por comentarios que no están basados en un fundamento real, y al propio contratista, que ha decidido dejar de facturar".
Con ello, y en función de ese procedimiento de interpretación y una ver recabados los informes, el Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo de contratación. "Lo que se está haciendo es absolutamente correcto porque está dentro del objeto del contrato".
Y es que, en opinión de Conesa, una "imprecisión terminológica" del contrato "no pude ir en contra del objeto del contrato y con una práctica que viene haciéndose no desde 2006, sino desde contratos anteriores", que es retribuir las autoliquidaciones.
Tanto es así que el portavoz del Gobierno de Melilla subrayó que en 2013 "se ha avanzado muchísimo" en el cumplimiento de las recomendaciones del TCu, si bien éste, a la hora de hacer determinadas afirmaciones, "debería tener más cuidado, porque no siempre tiene razón".
Ahora, con este acuerdo de interpretación, Getyr, "en teoría, sí puede volver a facturar" las autoliquidaciones. Lo que Conesa desconoce es si la empresa "va a mantener el planteamiento" de no facturar y esperar a que la situación se aclare. "Para nosotros está muy claro, no cabe discusión posible", insistió el portavoz del Gobierno de la Ciudad, que manifestó que el Tribunal de Cuentas "se ha equivocado".
En cualquier caso, Conesa argumentó que el Gobierno "acepta todas las críticas y recomendaciones del TCu", pero destacó que el Ejecutivo "no se queda quiero cuando se ponen en cuestión actuaciones de la Ciudad Autónoma que, aunque sean mejorables desde el punto de vista, en absoluto se pueden calificar como irregulares".
