Unión, Progreso y Democracia ha solicitado en el Congreso adoptar las medidas necesarias "para despenalizar la producción, comercio y consumo de cannabis y derivados", todo ello bajo controles y condiciones legales, fiscales y sanitarias análogas a las dispuestas para regular el consumo de cualquier sustancia que pueda ser nociva o peligrosas para la salud, legalizada bajo la libertad y responsabilidad del consumidor, según ha informado el coordinador en Melilla de Unión Progreso y Democracia, UPyD, Emilio Guerra, El coordinador en Melilla de UPyD, Emilio Guerra, es de la opinión que una "legislación prohibicionista" como la actual, acaba favoreciendo no al consumidor -al que se pretende proteger mediante la persecución legal del consumo de ciertas sustancias tóxicas- sino a los narcotraficantes ilegales y al mundo de la delincuencia organizada montado en torno a ese tráfico. Está demostrado, dijo, que el prohibicionismo no consigue erradicar el consumo de estas sustancias y que, por el contrario, incentiva un tráfico ilegal floreciente, ligado a otras formas de delincuencia organizada.
UPyD dice que otros países de nuestro entorno ya han legislado la despenalización del cannabis bajo diferentes supuestos. Es conocido el caso de Holanda, que desde los años sesenta permite la posesión de marihuana y su venta y consumo semipúblico en determinados lugares (llamados coffe shops), sin que ello haya convertido a ese país en un paraíso de la delincuencia ni provocado problemas de salud a la población que no sean análogos a los de los países vecinos prohibicionistas. En otros países como Uruguay, el Congreso aprobó recientemente una Ley (impulsada por el propio Gobierno) que legaliza la cadena de producción y distribución de la marihuana. Finalmente, los Estados norteamericanos de Colorado y Washington han despenalizado el cultivo, posesión y venta de cannabis para fines terapéuticos y recreativos.
Se trata, para Emilio Guerra y su partido, de "un fenómeno de gran magnitud social" ya que en España, se estima que la comunidad de consumidores habituales o esporádicos de cannabis y derivados -al menos una vez al mes- incluiría a unos 3 millones de personas. Según informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las aproximadamente 700 toneladas de hachís incautadas cada año solo representan el 20 % del total que circula por España.
Es necesario, justifican en su texto desde UPyD, "abordar el fin de la prohibición de consumo de cannabis y derivados", regulando todos los aspectos del asunto: cultivo, venta y consumo, restricciones legales especificas (como la venta a menores o limitación de la publicidad), definición y supervisión sanitaria de los productos de venta legal y tratamiento fiscal.
