La celebración del juicio por el caso de los niños robados en Melilla entre los años 70 y 80 podría celebrarse a principios del próximo año. El juez ha emitido a las partes y a la Fiscalía esta misma semana un extenso auto. Son 11 las personas imputadas, entre ellas, sólo dos (I.R.C.D. y J.R.M) son de la organización criminal, el resto (comadronas, monjas y otros facultativos implicados) ya ha fallecido. Los otros nueve imputados son padres que compraron a dichos bebés. Otros tantos también han fallecido ya. Se les imputan los delitos de detención ilegal, de suposición de parto, delito de adopción ilegal, y falsificación de documentos públicos y certificaciones. El auto, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, relata cómo entre la década de los años 70 y 80 existió una organización "perfectamente estructurada que se dedicó a la compra venta de niños a gran escala", siendo Melilla el lugar donde se efectuaban las operaciones de captación de las madres gestantes, a quienes, a cambio de pagar los gastos médicos y de alumbramiento, se las despojaba de sus hijos recién nacidos para su inmediata venta a parejas procedentes de la península, que abonaban en Melilla las sumas de dinero que les reclamaban, en ocasiones superiores a las 300.000 pesetas. También se les facilitaba la documentación falsa precisa para que pudieran inscribir a los niños en los registros civiles de la península, aparentando las parejas adquirientes ser los padres biológicos de los niños comprados. "La organización actuaba con completo y absoluto desprecio a los derechos de los niños recién nacidos y sus madres biológicas, movidas únicamente por un evidente ánimo de lucro", relata el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, Emilio Lamo de Espinosa, que instruye el caso, en el auto, notificado a las partes esta semana. Por su parte, continúa, "las parejas compradores pretendían ver satisfecho su deseo de tener un hijo, anteponiendo este deseo a los derechos de las madres biológicas y al de las madres de los niños que compraban". Los matrimonios compradores eran "claros conocedores del hecho de que esa forma de hacerse con un recién nacido era ilegal, ya que pagaban sumas de dinero importantes a cambio de ellos, teniendo que valerse de documentación falsa para inscribir a los niños en el Registro Civil". No intervenía ninguna administración pública en estas supuestas adopciones, ejecutándose la compra venta de manera clandestina y con ocultamiento.
Así, el auto distingue entre dos grupos de personas sobre los que existen "indicios suficientes de responsabilidad penal", los que componían la trama y los matrimonios que compraban a los niños. De la organización criminal, sólo I.R.C.D. y J.R.M. viven, "otras muchas personas participaban en esta organización", comadronas, médicos y religiosas, pero ya han fallecido. ¿Cómo funcionaba la organización? I.R.C.D. se encargaba personalmente y era la responsable de captar parejas deseosas de tener un hijo en la provincia de Valencia, siendo la persona que intermediaba entre ellas y J.R.M., quien se encargaba de buscar a las madres gestantes para hacerse con sus hijos al nacer y proceder a su venta inmediata en Melilla, facilitando la documentación falsa para que los falsos padres pudieran inscribir a los niños como hijos propios en los distintos Registros Civiles. I.RC.D. se ponía en contacto directamente con las parejas que no podían tener hijos o que no podían adoptar, y les ofrecía a bebés recién nacidos a cambio de dinero. Para poder llevar a cabo su propósito, I. R. C. D. actuaba de manera conjunta y coordinada con J. R. M., quien captaba a las madres biológicas en Melilla y probablemente también en Marruecos. De esta manera, la forma de llevar a cabo la actividad criminal por estas dos mujeres era muy simple: I.R. contactaba directamente con los matrimonios que querían tener hijos y no podían, y los convencía de la posibilidad de comprar un niño. Contactaba con J.R.M, que le buscaba a madres en Melilla y "por medio de artimañas que no han podido ser concretadas al desconocerse la identidad de las madres biológicas", se hacía con los niños para venderlos. Entonces, I.R.C.D se ocupaba de los traslados de los padres compradores desde la península a Melilla, acompañándolos personalmente, a veces, incluso, junto a su marido. Se ocupaba de facilitarles la documentación necesaria y del regreso a la península. Su socia en Melilla se hacía cargo de los gastos del embarazo y del alumbramiento.
La propia I.R.C.D compró para sí a dos niñas, como ya contó este Diario gracias al testimonio de Mari Carmen, una de las bebés compradas aquellos años, cuyo caso podría ser uno de los que relata el auto, por coincidir con lo que contó: "I. y el matrimonio se desplazaron al Monte María Cristina, junto a J.R.M, donde vieron a la niña. Desde allí se dirigieron al despacho de un letrado para que les confeccionase los papeles de la niña. Una vez abonada la suma de dinero pactada, los cuatro regresaron a Onteniente", donde actualmente viven ambas, Mari Carmen e Isabel. Los padres de Mari Carmen fallecieron, por eso no están imputados en la causa, pero sí el resto, nueve. Todos los casos vienen recogidos en el auto extenso, coincidiendo el modo de proceder. Sí que difieren los lugares en los que se entregaron los niños. Además de mencionar el Monte María Cristina, también aparece el Bar Tívoli y el Puerto de Melilla. En uno de los casos se relata la entrega de una niña en un bar de Melilla, donde "dos mujeres vestidas de oscuro" la entregaron al matrimonio, encontrándose la niña "sucia", con síntomas de no haber sido lavada tras el parto y conservando el cordón umbilical. La pequeña fui inscrita en el Hospital de La Fe, en Valencia, pero la matrona que facilitó los certificados para inscribirla en el Registro Civil ya ha fallecido. De la madre biológica, las mujeres sólo les dijeron que era "una artista del espectáculo musical itinerante" que tenía 18 años.
La investigación
La investigación del llamado caso de los niños robados comenzó a raíz de una denuncia del presidente de la asociación Anadir el 27 de enero de 2011. A esta denuncia, se sumaron otras dos de posibles víctimas de los hechos investigados. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial, perteneciente a la Comandancia General de Melilla, llevó a cabo una investigación cuyos resultados se presentaron en mayo de 2013. Partidas de nacimiento de hospitales, informes de registros civiles y la declaración de imputados, perjudicados y sólo un testigo han ayudado al juez a emitir un auto. Entre las declaraciones, se recoge la de I.R. el 26 de junio de 2013, que reconocía que después de haber obtenido a su hija, diversos matrimonios se pusieron en contacto con ella para la obtención de bebés, siendo el primer caso en el que participó como intermediaria en la entrega de un bebé a una prima de su marido.
Delitos
A los once imputados se les juzgará por la posible comisión de tres delitos: delito de detención ilegal (al haber extraído a los menores identificados del ámbito de influencia propio de las personas a quienes correspondía su ejercicio efectivo, sus madres biológicas, siendo estas garantes del derecho de los menores a su libertad deambulatoria), delito de adopción ilegal y de falsificación de documentos públicos y certificaciones. A los matrimonios que compraron bebés se les imputa además por un cuarto delito: suposición del parto. Muchos de estos padres también han fallecido, nueve son los que tendrán que sentarse en el banquillo, previsiblemente, a principios de 2015, cuando podría celebrarse el juicio.
Ninguna madre ha sido localizada, aunque la investigación sigue abierta
La pieza fundamental del puzzle que falta es encontrar a alguna madre biológica que cuente su versión de los hechos. Sin embargo, al menos hasta el momento, no ha sido posible. De esta forma, no pueden conocerse, por ejemplo, “las artimañas” que pudieran usar las imputadas para hacerse con los bebés que estas mujeres acababan de dar a luz.
Hace un año, Mari Carmen (en la imagen), una de las posibles víctimas, visitaba Melilla por primera vez a sus más de 30 años y solicitaba a la gente que contara lo que supiera, considerando que también podía ayudar a refrescar las mentes mostrar imágenes de su infancia, por si alguien que la vio al nacer la reconocía en la foto.
Colaboración ciudadana
El juez que instruye el caso, Emilio Lamo de Espinosa, también solicitó la colaboración ciudadana con el objetivo de identificar a las madres biológicas de las personas víctimas de estos hechos, “labor en la que los medios de comunicación han colaborado de manera activa, si bien, no se han alcanzado resultados positivos hasta el momento”, recoge en el auto judicial que ha sido notificado esta semana a las partes. Pese a ello, deja claro que se trata de una investigación que “permanecerá siempre abierta”, ya que la aparición de nuevos casos obliga a abrir nuevas diligencias previas para la clarificación de los hechos.
