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Recurren el auto sobre el caso de los niños robados, porque las penas que se pueden imponer “son inferiores a nueve años”

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El abogado de Mari Carmen, Francisco Martín Sánchez, informó a MELILLA HOY de que han recurrido el auto emitido por el juez sobre el caso de los niños robados. El primer motivo por el que lo hacen es porque la modalidad procesal que se fija es abreviada y las penas en este procedimiento, según el letrado, son inferiores a nueve años. El otro motivo por el que recurren es para que el caso de Mari Carmen, que se personó en la causa, venga recogido en el auto, para poder exigir una responsabilidad civil y un daño moral.
Francisco Martín Sánchez entiende también que "cada una de las ventas" de bebés tiene que ser considerada como un delito a computar, porque "nos estamos jugando cantidades de prisión bastante voluminosas", de hasta 30 años de cárcel habló el abogado, si el procedimiento fuera ordinario y no abreviado y si se estima la calificación de delito continuado. "Entiendo que una conducta delictiva que se mantiene a lo largo del tiempo y se realiza en varias ocasiones no puede ser considerada un solo delito", argumentó el abogado.

Delitos
Son cuatro los delitos que se imputan a los padres y tres a las dos mujeres de la organización criminal. Por detención ilegal de un menor, las penas, según Martín Sánchez, irían desde cinco a ocho años; por suposición de parto las penas van desde cuatro meses a dos años, de uno a cinco años por adopción ilegal y de seis meses a tres años van las penas por falsificación de documentos, según el abogado de Mari Carmen.

Tanto Isabel como Josefa, las dos mujeres de la organización criminal imputadas, tienen una edad bastante avanzada, pero "yo he tenido internos en prisión con 70 años por vender hachís", puso como ejemplo el abogado, que confía en que el juicio pueda arrancar entre diciembre y enero.

Denuncias
La investigación del llamado caso de los niños robados, tiene su origen en una denuncia que presentó A. B. B., en su calidad de presidente de la asociación ANADIR (Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares), ante la Fiscalía General del Estado, el 27 de enero de 2011. En el caso de Melilla, tal denuncia, junto a la documentación que se acompañaba, fue recibida por la Fiscalía Provincial de Málaga (Fiscalía de Área de Melilla), el 21 de febrero de 2011. A la denuncia presentada por ANADIR, se acumularon dos posteriores, con fecha de entrada en la Fiscalía de Melilla el 25 de febrero de 2011, interpuestas por dos posibles víctimas de los hechos investigados, al haber sido las mismas presuntamente adquiridas a cambio de precio. Actualmente, prefieren no pronunciarse al respecto, pese a que MELILLA HOY ha intentado contactar con ellas.

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Rosario Lopez

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