El Gobierno de Melilla presentará una denuncia contra el portavoz de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, para que la Justicia verifique si ha incurrido en una presunta violación de secreto de sumario, después de que el diputado afirmara ayer que el presidente melillense, Juan José Imbroda, está “preimputado” por varios presuntos delitos. Concretamente, Liarte aseguró que el Juzgado de Instrucción número 2 ha dictado auto en un caso sobre la contratación de un abogado por parte del Gobierno melillense, en el que supuestamente Imbroda estaría “preimputado” por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude. “¿Cómo sabe este señor [Liarte] que estoy preimputado, que es una figura nueva que acaba de inventarse si había un secreto de sumario?”, preguntó el presidente melillense tras decir que precisamente porque hay un secreto de sumario, él no ha tenido oportunidad de conocer los extremos de este caso porque no ha tenido acceso al sumario. De hecho, recordó que la Ciudad Autónoma ha intentado varias veces personarse en la causa, pero el juzgado no lo ha permitido.
Tras enterarse por Liarte de ciertos detalles de este caso, Imbroda avanzó que la Ciudad Autónoma va a presentar una denuncia por si se hubiera producido una violación de dicho secreto de sumario y que el portavoz pepeelista explique “quién se lo ha contado o si está haciendo de portavoz del juzgado”, en cuyo caso le pidió irónicamente que “enseñe las credenciales”.
De esta forma, Imbroda dejó claro que este asunto le genera “cero preocupación”, la misma que cuando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas imputó a una veintena de personas de la Ciudad Autónoma y la Asamblea en una causa que hace poco terminó siendo archivada por la Justicia. Además, Imbroda recordó que ésta es la segunda vez que intentan “meterle mano” por un asunto relacionado con la contratación de abogados externos, después de que la primera, hace ya diez años, quedara en nada.
Así, explicó que en 2003, al poco tiempo de que empezara a ostentar la Presidencia de la Ciudad Autónoma, presentaron contra él una denuncia y el Tribunal Supremo, adonde llegó el caso por su condición de aforado como senador, “lo tiró a la papelera en menos de dos minutos y medio” al entender que era legal “pagar una factura por un trabajo hecho”. Aquel caso, además, no fue originado por Imbroda porque como él mismo recordó, el abogado había sido contratado “sin transparencia, publicidad ni libre concurrencia” por uno de sus antecesores en el cargo, Ignacio Velázquez, que ahora preside PPL.
El caso al que ayer se refería Liarte se remonta al año 2000, cuando la Ciudad Autónoma contrató a un abogado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas contra ella por el despido de unas cooperativas ilegalmente contratadas. El hombre trabajó bien, pasó las minutas correspondientes, se le pagaron sus servicios y sanseacabó”, explicó Imbroda. Sin embargo, por la denuncia “de un tío” en 2011, el asunto lleva tres años de investigación en el juzgado, aunque el Gobierno local considera que “se puede contratar a un abogado” externo y que, además, “siempre los hubo y siempre los habrá”.
Denuncias para echarle
Imbroda criticó que PPL “solo esté pensando en los juzgados” como una manera de echarle de la política a él y a su equipo de gobierno después de 14 años, en los que el pueblo de Melilla le ha dado su confianza con una amplia mayoría respecto al resto de formaciones políticas. Sin embargo, advirtió a PPL de que su estrategia no obtendrá resultado: “No nos moverán, estos no pasan de donde están. Al revés, desaparecerán”.
El presidente melillense insistió en que este asunto “no tiene ni pies ni cabeza”, pero reiteró su “máxima tranquilidad” y dijo que “ya hablarán” de este asunto. Además, expresó su malestar por el hecho de que se estén produciendo posibles filtraciones de casos que están bajo secreto de sumario: “¿Cómo es que las redes sociales se enteran a cuentagotas de cómo van los expedientes y nosotros no sabemos nada?”, preguntó Imbroda, que cree que al final no se investigará quién está detrás de los pseudónimos que revelan detalles de investigaciones judiciales en las redes, aunque “todos sabemos quiénes son con nombres y apellidos”.
