La Asamblea de Melilla estudiará la posibilidad de retribuir a todos los diputados para evitar situaciones discriminatorias después de que dos sentencias judiciales hayan obligado a que uno de los parlamentarios, el portavoz de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, perciba una compensación indemnizatoria. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha zanjado con su sentencia 323/2014 un procedimiento iniciado por el propio Liarte en 2011, al inicio de la legislatura, en el que reclamaba una retribución como diputado, dada la incompatibilidad de esa condición con la de su trabajo como funcionario de la Ciudad Autónoma. La Asamblea abordó este asunto ayer en un pleno extraordinario, con un extenso debate en el que los tres grupos de la oposición votaron en contra, incluido PPL, a pesar de que el tema era favorable a su portavoz parlamentario. Curiosamente, Liarte no estuvo presente en la sesión plenaria, donde su escaño estuvo ocupado por el bolso de la diputada pepeelista, Rosa Cuevas.
Los tres grupos de la oposición justificaron su voto en contra a esta propuesta alegando diferentes razones. Tanto Coalición por Melilla (CPM) como el PSOE coincidieron en que este asunto debería haber estado resuelto desde el año 2003, año en el que el PP empezó a gobernar con mayoría absoluta. Sin embargo, ambos grupos de la oposición reprocharon al Ejecutivo de Imbroda su “falta de voluntad política” para desarrollar el artículo 15 del Reglamento de la Asamblea, en el que se regulan las retribuciones a los diputados.
Eso ha provocado que los diputados que no tengan responsabilidades de Gobierno ni sean cargos institucionales, solo perciban dietas por asistencia a los órganos colegiados de la Asamblea, a diferencia de lo que pasa en Ceuta, cuyos diputados sí perciben retribuciones desde 2003. Actualmente, las únicas diputadas que perciben una retribución son las dos vicepresidentas, Cristina Rivas y Dunia Almansouri, debido a que ostentan dicho cargo institucional.
Una moción de CPM
El portavoz de CPM, Hassan Mohatar, recordó que su grupo lleva tiempo reclamando que se cumpla el artículo 15 para que los diputados de la oposición perciban una retribución “calcada” a la de Ceuta, un asunto en el que “se puede llegar a un consenso si hay voluntad política”.
Por ello, Mohatar informó de que su grupo ha presentado una moción en esa dirección, que el portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, aseguró que el Ejecutivo melillense está dispuesto a estudiar y analizar los planteamientos jurídicos que podría suponer para llegar a un acuerdo con el resto de los grupos.
No obstante, exigió que se lancen menos acusaciones de falta de voluntad política hacia el Ejecutivo porque ninguno de los grupos de la oposición ha formalizado nunca propuestas concretas pidiendo una retribución económica para sus diputados, “quizá porque públicamente puede no estar bien visto y quieren que el Gobierno dé ese paso”, apuntó Conesa.
De todos modos, el portavoz de la Ciudad Autónoma insistió en que el Ejecutivo no tiene inconvenientes para llegar a un acuerdo para establecer “un régimen retributivo razonable” para los diputados, teniendo en cuenta unos parámetros que serán analizados en el nuevo debate que arrancará en la Comisión de Administraciones Públicas para que sea de nuevo elevado al Pleno de la Asamblea.
En definitiva, Conesa consideró que “no puede haber dos diputados en situaciones iguales que cobren distinto”, ya que “es discriminatorio”. Por eso, lamentó que eso es precisamente lo que va a ocurrir con la aplicación de la sentencia del TSJA relativa a la compensación indemnizatoria para Julio Liarte, dado que el resto de diputados de la oposición seguirá cobrando únicamente las dietas por asistencia desde la aprobación ayer de este punto motivado por las dos sentencias judiciales.
Esta situación desigual se solventaría en caso de que se desarrolle el artículo 15 del Reglamento, que regula las retribuciones a los diputados, y que es precisamente lo que va a estudiar el Gobierno a partir de la moción presentada por CPM.
La indemnización a Liarte
Volviendo al punto del orden del día sobre la compensación indemnizatoria que se ofrecerá al personal de la Ciudad Autónoma en situación de servicios especiales que ostenten la condición de diputado, cabe destacar que los tres grupos parlamentarios debatieron de forma tan activa que incluso CPM pidió un turno extra al presidente Imbroda, el cual fue rechazado por considerar que estaba suficientemente debatido.
Una de las razones que CPM esgrimió para votar en contra era la cuantía establecida por la Consejería de Administraciones Públicas para esa compensación indemnizatoria, que será de 1.109,05 euros al mes, a la que se suman los trienios acumulados por el diputado-funcionario y el plus de residencia.
Los cepemistas consideraron que esa cuantía económica “no es justa” porque es menos de lo que cobra “cualquier auxiliar administrativo u ordenanza” de la Administración local y un diputado “debe tener un sueldo acorde a estos tiempos”, sin perder dinero por su condición de parlamentario. Sin embargo, Conesa puntualizó que dicha cuantía es la que establece un informe técnico basada en un criterio objetivo.
Por su parte, el PSOE alegó que el informe técnico de la Consejería de Administraciones Públicas carecía de un informe de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma, a pesar de que en él se consideraba necesario. PPL también aludió a ese punto, si bien Conesa les respondió alegando que el secretario técnico que ha elaborado el informe es licenciado en Derecho.
PPL, por su parte, subrayó que no se puede coartar desde la Asamblea el derecho y la libertad de los funcionarios a que se presenten a unas elecciones por la incompatibilidad. Conesa recordó que es la Ley Electoral la que establece esa incompatibilidad para determinados tipos de funcionarios, como es el caso también de los jueces, militares o policías, que tienen restringidos sus derechos en este sentido. Además, dejó claro que ejercer la política es voluntario y se deben asumir las consecuencias que ello implica.
Sin embargo, Rosa Cuevas replicó acusando al Gobierno de “perseguir” a PPL quitándole a Liarte en 2011 la posibilidad de obtener una retribución como diputado, si bien Conesa rechazó ese “discurso victimista” afirmando que Liarte percibe actualmente más retribuciones de la Asamblea que los propios miembros del Ejecutivo entre lo que cobra como asesor de su grupo, los trienios como funcionario y las dietas por asistencia. “Pobrecito Liarte no, más bien lo contrario”, aclaró Conesa.
