Esta enmienda, en caso de ser aprobada como todo parece indicar habida cuenta de la mayoría del PP, debe contribuir a dar la seguridad jurídica que ahora falta a la Guardia Civil, tal y como reflejan las imputaciones por las devoluciones en caliente. Porque lo que no puede ser es que nuestras fronteras sigan dando una imagen de vulnerabilidad continuada ante organizaciones mafiosas que trafican con los dramas ajenos Una de las preguntas que más se repiten los melillenses desde hace meses cuando ven que sus fronteras intentan ser vulneradas prácticamente a diario es hasta cuándo habrá que soportar esta situación. Esta pregunta también se la hacen muchos españoles cada vez que aparecen en los medios de comunicación las imágenes de cientos de inmigrantes desesperados tratando de entrar a la fuerza por la frontera metálica. Por desgracia, las avalanchas humanas que se producen en nuestra valla ya casi ni son noticia de tantas veces que se repiten. La noticia en épocas de máxima presión como la actual es cuando no hay saltos en la valla, por muy triste que parezca.
Y estamos viendo que por muchas medidas de seguridad que se adopten en la frontera, la presión persiste. Ocurrió con el recrecimiento de la valla y la sirga tridimensional, y ahora ha vuelto a suceder con la malla antitrepa y el refuerzo de efectivos desplegados en el perímetro. El propio delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, ha dicho siempre que aunque se elevara muchos más metros la frontera, seguiría habiendo presión porque este problema de la inmigración clandestina es demasiado complejo como para abordarlo únicamente con medidas de impermeabilización de la valla. Por establecer un símil comprensible, lo que pasa con la inmigración irregular es parecido a cuando alguien sufre un dolor de muelas y por no acudir al dentista, trata de remediarlo con analgésicos. La raíz del problema sigue existiendo, y eso es lo mismo que ocurre con la inmigración. Desde hacía tiempo era necesario ir al epicentro del problema, es decir, buscar soluciones legales e impulsar medidas de ayuda y cooperación en los países de origen para que miles de personas no se vean empujadas a salir de sus países en busca del paraíso soñado que les han vendido en Europa.
Este mismo mes, hace casi dos semanas, el jefe de la Guardia Civil en Melilla, el coronel Ambrosio Martín Villaseñor, pidió en el discurso del día del Pilar "un replanteamiento legal" que incorporara "de una vez por todas las peculiaridades de Melilla, Ceuta, las islas y peñones". Parece que el Gobierno ha tomado buena nota porque el Ministerio del Interior ha culminado un protocolo de actuación integral en los perímetros de Ceuta y Melilla, una medida que se complementa con la enmienda del PP a la Ley de Seguridad Ciudadana para que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".
Esta enmienda, en caso de ser aprobada como todo parece indicar habida cuenta de la mayoría del PP, debe contribuir a dar la seguridad jurídica que ahora falta a la Guardia Civil, tal y como reflejan las imputaciones por las devoluciones en caliente. Porque lo que no puede ser es que nuestras fronteras sigan dando una imagen de vulnerabilidad continuada ante organizaciones mafiosas que trafican con los dramas ajenos, y que algunos también saquen tajada poniendo entre las cuerdas a quienes tienen el cometido de defender la soberanía española en nuestras fronteras, como son los guardias civiles que, encima, ahora también tienen que aguantar amenazas físicas y psicológicas de quienes son los primeros en vulnerar la Ley intentando violentar una frontera internacional como la nuestra.
