La Unión General de Trabajadores (UGT) de Melilla consideró ayer que el anuncio del Gobierno de modificar la Ley de Extranjería para dar "amparo legal" a las 'devoluciones en caliente' supone, en primer lugar, reconocer que hasta ahora se ha actuado de manera irregular y, en segundo término, la confirmación de que el Ejecutivo "parece estar dispuesto a ignorar sus obligaciones internacionales en materia de protección internacional, trata y tráfico de seres humanos y menores de edad, vulnerando de esta forma derechos fundamentales y convirtiendo en legal una actuación irregular que criminaliza a quienes tratan de entrar irregularmente en nuestro país". La Unión General de Trabajadores (UGT) de Melilla consideró ayer que el anuncio del Gobierno de modificar la Ley de Extranjería para dar "amparo legal" a las 'devoluciones en caliente' supone, en primer lugar, reconocer que hasta ahora se ha actuado de manera irregular y, en segundo término, la confirmación de que el Ejecutivo "parece estar dispuesto a ignorar sus obligaciones internacionales en materia de protección internacional, trata y tráfico de seres humanos y menores de edad, vulnerando de esta forma derechos fundamentales y convirtiendo en legal una actuación irregular que criminaliza a quienes tratan de entrar irregularmente en nuestro país".
A través de una nota de prensa, la fuerza sindical en la ciudad autónoma informa de que los aspectos que se pretenden reformar, unidos al contenido del borrador de Protocolo de actuación integral en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, contienen aspectos de "difícil comprensión". En este sentido, expone UGT que si no se entra en territorio español hasta superar la última valla, la consecuencia necesaria sería que el espacio que media entre la primera y la última de las vallas en las dos ciudades "no son territorio español, con el efecto que esto podría tener, incluso para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este espacio".
Por otra parte, el convenio de readmisión con Marruecos y el cumplimiento de la normativa internacional en materia de protección internacional, trata y tráfico de seres humanos y menores de edad exigen la previa identificación y atención de las personas. "Con las actuaciones que el Gobierno español pretende revestir de legalidad, se estarían vulnerando derechos fundamentales".
