Hace unos días pronunció una conferencia en la Fundación Rafael del Pino el profesor del MIT, Boston, D. Roberto Rigobón, venezolano de origen, que, además de enseñar, dirige estudios estadísticos sobre la inflación; expuso su método, exhaustivo en recogida de datos, para calcular la inflación de los precios (alimentos, ropa, sanidad…) que realiza en distintos países y cuyo resultado es, a veces, muy divergente respecto a los de las Oficinas Presupuestarias oficiales de los gobiernos (p.ej. diferencia abismal en Argentina, Venezuela…). El título de su conferencia, interesantísima, fue “Indicadores Económicos y nuevas tecnologías: Retos para el futuro”.
A modo de introducción dijo que en la sociedad actual hay muchos “DATA” disponibles, de los que se obtiene Información, la cual, debidamente tratada, facilita el conocimiento a los empresarios y a los gobiernos para la toma de decisiones. Dijo que los datos, por masivos que sean, no valen por sí mismos pues exigen un sistema de procesamiento racional para obtener información útil. A su vez, los datos y la información circulan por las redes sociales con enorme rapidez, así que, los retos para el futuro son: disposición de datos en tiempo inmediato y tratamiento lógico para que sean útiles.
La conferencia versó tan sólo sobre aspectos económicos, pero quiero utilizar esas ideas básicas, porque son absolutamente trasladables al ámbito político, presupuestario, del control del gasto público etc., ya que, los datos de las administraciones, facilitados en tiempo real y la circulación de información pueden ser un gran revulsivo como factor de prevención de la corrupción. Además, estos datos corresponden a los ciudadanos y, actualmente, se demandan desde muchos ámbitos.
En efecto, la disposición por el ciudadano de los datos de ingresos y gastos, día a día, de las administraciones, organismos y empresas públicas, serviría de medio para combatir la gran lacra actual que es la corrupción ya que el mero hecho de que los gestores políticos sepan que, al día siguiente, los ciudadanos van a conocer sus decisiones de contratación y de gasto, actuaría de “autofreno” ante posibles irregularidades o toma de decisiones absurdas.
El abuso de los gestores públicos deriva, principalmente, del sentimiento de impunidad por la “penumbra” que padece el ciudadano que, lógicamente, no puede efectuar un control en defensa de los intereses generales, y a veces particulares; esta posibilidad de seguimiento de los asuntos públicos facilitaría la reconciliación imprescindible que pretenden recuperar los partidos políticos ante el actual desafecto ciudadano.
Como antídoto de la corrupción, los DATA-Información, son el mejor producto preventivo, y lógicamente, con el Código Penal y un proceso judicial urgente, prioritario, para quien se atreva a realizar actos o conductas incursas en los tipos de corrupción penales. Ningún gestor, público o privado, cuando existe suficiente información al ciudadano o, si es una sociedad privada, al accionista, se atrevería a abusar de la confianza recibida. Además de la información también es imprescindible que se facilite en tiempo “real” porque la información tardía no remedia el problema. Por ejemplo, las tardías actuaciones del Tribunal de cuentas cubren, mínimamente, el mandato legal recibido; e, incluso, cabría aludir a la alarma producida por el uso de las tarjetas de Caja Madrid/Bankia que, dicen, eran de representación. Si su uso hubiera sido escrutado y el usuario hubiera conocido que tal escrutinio se iba a realizar, no habría habido, con toda seguridad, el uso que ha provocado escándalo. La claridad da seguridad a todas las partes.
Los escándalos por corrupción que ahora conocemos por los juzgados y a través de los medios de comunicación no se han producido en 2013 ó 2014, sino que se han gestado y cometido hace años y desde hace años. ¿Por qué se conocen o desvelan ahora? La respuesta es muy sencilla: porque la falta de transparencia y de información pública, que actualmente reciben sólo nuestros representantes políticos, es insuficiente, tardía y no llega al ciudadano. Empieza a haber reacciones administrativas. Debe ser citada la iniciativa del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) cuyo alcalde, Sr. García Urbano, ha lanzado un decálogo de choque para la regeneración municipal e, incluye, como medida 10ª: la transparencia total que implica publicar “a diario” la plantilla municipal, decisiones de gastos, empresas que se contratan y medios que, como tarjetas o teléfonos, reciben los cargos públicos. Merece nuestras felicitaciones.
CONCLUSIÓN: La transparencia y la información proporcionan seguridad y frena la corrupción. El sistema legal de España presenta un déficit de control de gestión de gastos, preventivo y correctivo, y, a falta de frenos morales o éticos personales, debe facilitarse a los ciudadanos la información y datos para que puedan hacer un seguimiento crítico de los asuntos públicos. Los asuntos públicos interesan a todos, de todos son los recursos, porque los impuestos los pagamos entre todos.
