Juan José Imbroda está "con la conciencia la mar de tranquila" después de que la Fiscalía haya informado a favor de que el Tribunal Supremo asuma la competencia para investigarle por indicios de "al menos" un delito de prevaricación en la contratación de un abogado. El presidente de la Ciudad cree que este asunto tiene "poco recorrido", porque "la justicia debe prevalecer". "Si esto es un delito, apagamos el país y nos vamos", señaló. La Fiscalía ha informado a favor de que el Tribunal Supremo asuma la competencia para investigar al presidente de Melilla y senador Juan José Imbroda, por indicios de "al menos" un delito de prevaricación en la contratación de un abogado.
Ayer por la tarde, en una rueda de prensa en la sede local del Partido Popular (PP), Juan José Imbroda afirmó tener "la conciencia la mar de tranquila", y subrayó que "respeta las decisiones judiciales, sobre todo la última, que es la que marca lo justo".
Imbroda, que mostró su descontento ante el hecho de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla "no le haya dejado hablar" en estos tres años, se remontó al año 2000, cuando aún no había sido investido como presidente de la Ciudad.
Según explicó, el anterior Gobierno creó diversas cooperativas y contrató a más de cien personas, "presuntamente activistas de ese gobierno", de forma irregular. Cuando Imbroda llegó al Ejecutivo, la Consejería de Medio Ambiente de la que dependían estas cooperativas consideró que "esto no podía mantenerse por ir en contra de la ley" y dijo que había que "romper las relaciones" con las personas contratadas, que fueron las que denunciaron a la Ciudad Autónoma.
Imbroda apuntó que, en aquel entonces, había un Servicio Jurídico para temas contenciosos y administrativos, y otro en la Consejería de Administraciones Públicas, para temas laborales. La Consejería de Administraciones Públicas tenía para ello contratado a un técnico de relaciones laborales. La normativa no permitía entonces que este técnico se personase en los tribunales de lo social para defender asuntos de la Ciudad, cosa que se modificó en el año 2006. Se contrató de este modo un abogado, que fue designado por el entonces consejero de Medio Ambiente, el socialista Rafael Hernández.
"El abogado se puso a trabajar conjuntamente con el técnico de relaciones laborales", indicó Imbroda, que señaló que estuvieron trabajando conjuntamente durante seis años. Al término, "hubo que pagarle". Así, el abogado contratado pasó sus minutas correspondientes, "que eran el 50 por ciento de lo que cobraba la tarifa del Colegio de Abogados de la época".
La minuta, prosiguió el presidente, pasaba al técnico de relaciones laborales y, posteriormente, al consejero de Administraciones Públicas hasta llegar al propio Imbroda. El presidente, con la conformidad de los dos anteriores, "también firmaba". Era después cuando "realmente se ordenaba el pago", cuando pasaba primero la Consejería de Hacienda, después por el interventor, "que lo fiscalizaba y lo firmó", y después por el depositario pagador, "que también lo firmó y era el que ordenó el pago".
"Yo he sido uno más que he considerado que estaba bien y que, inocentemente, noblemente, lo he firmado", argumentó la primera autoridad melillense, que aseveró que "nadie" le dijo "nunca" que "estaba mal". "Ni el secretario general de la corporación ni el interventor general de la Ciudad", insistió Imbroda, que afirmó que son ambos "los que tienen que levantar reserva o advertencia de ilegalidad". Sin embargo, no lo hicieron.
Finalmente, Juan José Imbroda se dirigió a "algunos de la oposición", a los que "cantan y tiran cohetes". El presidente cree que este asunto tendrá "poco recorrido", por lo que les pidió "sosiego y tranquilidad". "Si esto es un delito, apagamos el país y nos vamos", concluyó el jefe del Ejecutivo local.
