15 comercios tradicionales melillenses podrían cerrar sus puertas a partir del 1 de enero de 2015. Así al menos lo anunció ayer la vicesecretaria general del Partido Socialista de Melilla (PSME-PSOE), Gloria Rojas, que explicó que esto se debe a que las personas que firmaron un contrato de arrendamiento previo al 5 de mayo de 1985 y siguen, a día de hoy, acogidos a la denominada renta antigua, deben actualizar sus acuerdos de alquiler con los propietarios La vicesecretaria general del Partido Socialista de Melilla (PSME-PSOE), Gloria Rojas, informó ayer de que el Grupo Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda para que el Gobierno modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y establezca una moratoria de cinco años a los contratos de arrendamiento de local de negocio. De no ser así, a partir del 1 de enero de 2015 podrían cerrar en Melilla hasta 15 comercios tradicionales.
Esto se debe a que a principios de 2015 todas las personas que firmaron un contrato de arrendamiento previo al 5 de mayo de 1985 y siguen, a día de hoy, acogidos a la denominada renta antigua, deben actualizar sus acuerdos de alquiler con los propietarios. Ante esto, Rojas hizo un llamamiento al diputado Antonio Gutiérrez y a los senadores Juan José Imbroda y Mª Carmen Dueñas para que apoyen la enmienda socialista.
Tal y como explicó la número dos del PSOE local, la LAU se aprobó en los años 80 y buscaba finalizar los arrendamientos que todavía quedaban sujetos a la renta antigua y que sólo se incrementaban por el IPC, por lo que quedaban siempre por debajo del precio de mercado.
Entre los objetivos de la ley estaba la rotación de los arrendatarios de los locales, una vez se acabara el plazo de prórroga de la renta antigua. Y es que se calculó que para 2015 la gran mayoría de los empresarios estarían en edad de jubilación, dando paso a una nueva generación para el alquiler de esos locales.
"En aquellos momentos, evidentemente, no se podían prever las devastadoras consecuencias de la crisis económica que se ha instalado en nuestro país desde hace años", señaló Rojas, que indicó que muchas de las personas que tienen esos alquileres "no tienen una jubilación adecuada, por lo que la han alargado, y muchos de esos jóvenes que tendrían que rotar en el alquiler de esos locales no cuentan con la financiación suficiente para poder hacerlo".
Con la finalización de estos contratos, a partir del 1 de enero, los arrendatarios tendrán o bien que negociar un nuevo contrato de alquiler, que supondría una "altísima subida" de renta, o bien, si no pueden hacer cargo de esto, cerrar los locales.
