El 18 de noviembre el Club Liberal Español entregó el premio de 2014 a la Asociación Convivencia Cívica Catalana en un acto celebrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales situado junto al Senado, en la que fue residencia de Manuel Godoy, favorito del Carlos IV, secretario de Estado de 1972 a 1798 y generalísimo hasta la invasión francesa. Presentó el acto el constitucionalista D. Angel Sánchez Navarro, Subdirector del Centro, por enfermedad de su Director General, D. Benigno Pendás, a quién gusta acoger en las instalaciones del centro actividades de grupos y asociaciones ciudadanas preocupados por la dignidad, derechos y libertades de las personas; precisamente, por este interés, el Club ha hecho entrega de su premio anual, por tercera vez consecutiva, en tan prestigiosa institución.
Como Presidente del Club Liberal Español entregué el diploma a Don Francisco Caja, Presidente de Convivencia, filósofo, abogado, autor del libro “La raza Catalana”, y, empeñado luchador por la libertad lingüística en la educación escolar en Cataluña para que se imparta enseñanza, también, en español a quienes les interese.
En primer lugar razoné los motivos de la concesión del premio, muy merecido, a Convivencia Cívica Catalana por el esfuerzo realizado, continuo y sacrificado, desde la fundación de la asociación en 1998, para la defensa de la educación de los escolares en Cataluña en su lengua materna española, como lengua vehicular de la enseñanza, sin perjuicio del aprendizaje bilingüe. Es inexplicable la desprotección jurídica en que se encuentran las familias de habla castellana que quieren que sus hijos estudien en su lengua materna, en español, en Cataluña, región de España, porque no sólo es un derecho humano sino que además obtendrían y mejor rendimiento escolar. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 reconoce el derecho a la educación (art. 14) y prohíbe toda discriminación y en particular la ejercida por orígenes étnicos, sociales o de lengua (art. 21).
El art. 27 de la CE 1978 dice que: 1- “Todos tienen el derecho a la educación”, y 2.- “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
El art. 3ª de la CE dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, y el art 10.1 dice que “La dignidad de la persona, derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos a los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Así pues, el derecho a la educación en la lengua materna, la del niño, es un derecho fundamental del escolar y cuando habla y domina español, por ser la lengua de su casa, debe ser protegido por los poderes públicos y por los Tribunales españoles.
Francisco Caja expuso los hechos, ilegales e irracionales, que animaron a sus fundadores a constituir la asociación Convivencia Cívica Catalana y lamentó que en un Estado de Derecho los hijos de edad escolar de las familias de habla española no puedan escolarizarse en español. Comentó que la “hoja de ruta” del nacionalismo catalán tiene en la educación uno de sus pilares al utilizar la lengua catalana como ariete frente al idioma español y recordó que la Administración Catalana multa a los empresarios que rotulan sus negocios en castellano y que ha desaparecido el español en los formularios y notificaciones administrativas.
La labor de Convivencia ha sido espectacular pues ha conseguido ganar más de 20 resoluciones judiciales que reconocen el derecho citado, incluidas sentencias del Tribunal Supremo; pero el problema continúa ya que el Gobierno de Cataluña se niega a ejecutar estas resoluciones judiciales que exigen formar clases completas de enseñanza en castellano y no desviar el cumplimiento hacia un apoyo individual, separado y discriminador del alumno.
Francisco Caja comentó que, precisamente, gran parte del fracaso escolar en Cataluña se debe a la inmersión lingüística en catalán, de los castellano hablantes, y resaltó que “la inmersión sólo es para éstos” por lo que la teoría de la inmersión está desequilibrada; esto lo prueba los informes PISA que dan tan malos resultados en la escuela de Cataluña. Se lamentó que la Ley autonómica de la inmersión lingüística, no se hubiera impugnado ante el T.C. cuando en 1998 estaba preparada por el Defensor del Pueblo ya que el ex-presidente Aznar lo impidió por la necesidad de apoyo de los votos de los nacionalistas catalanes en el Congreso; comentó que fue una gran ocasión perdida y que el Gobierno de la nación, ya del PP o del PSOE, ha actuado siempre en esta materia, sacrificando los derechos de los ciudadanos, utilizándolos como moneda de cambio.
Se lamentó, así mismo, de que en los procedimientos especiales de protección de derechos fundamentales, en los que debe intervenir el Fiscal, este no se alinea con la protección de los derechos de las familias de los escolares que siguen siendo discriminados por razones lingüísticas. Repitió varias veces que la situación de soledad es enorme ya que no encuentran apoyos de los derechos ciudadanos violentados por las instituciones del Estado.
Preguntado sobre Disposición Adicional 38 de la LOMCE, Ley 8/2013, dijo que reconoce la lengua castellana como lengua vehicular, pero que su desarrollo reglamentario ha buscado una solución inviable consistente en que los padres envíen a los escolares a Colegio privado, a costa de la Comunidad Autónoma; pero dijo que no es una solución porque, por ejemplo, en Lérida no hay ningún colegio privado y no es lógico enviar diariamente a los escolares a ciudades lejanas. Lo que falta, dijo, es respetar los derechos fundamentales, cumplir la Ley y no caer en extrañas soluciones por la vía del reglamento.
CONCLUSIÓN
El Club Liberal Español ha entregado el premio 2014 a La Asociación Convivencia Cívica Catalana. El motivo de su concesión es el enorme esfuerzo realizado en la defensa de la lengua castellana como lengua vehicular de los escolares en las escuelas en Cataluña, ya que el gobierno catalán discrimina el estudio en castellano y viola este derecho fundamental que provoca fracaso y abandono escolar. Convivencia Cívica Catalana ha promovido y ganado más de 20 resoluciones judiciales que declaran el derecho de los escolares a recibir educación en lengua castellana, pero la administración catalana no ejecuta las resoluciones. En un Estado de Derecho deben cumplirse las leyes y ejecutarse las sentencias de los tribunales.
Madrid, 22 de noviembre de 2014
(NOTA.- Carlos Entrena es un Notario melillense afincado en Madrid)
