La Sala VII de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla juzgará el próximo lunes 20 de octubre a un secretario judicial, Rafael Regalón, y cuatro abogados de la ciudad, María del Carmen Blanco, Antonio Zapata, Felipe Castillo y Abdelkader Mimón, por la comisión de presunta malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y estafa cometidos supuestamente a finales de los 1990 y principios de 2000. Según el auto de la Fiscalía al que ha tenido acceso MELILLA HOY, el representante del Ministerio Público solicita 23 años prisión para Regalón, y penas que van desde los 11 años para Blanco, 6 para Zapata y 5 para Castillo y Mimón, además de inhabilitación, multa y devolución de 153.000 euros al Estado, cantidad que supuestamente ha sido la defraudada.

El principal imputado, el entonces secretario judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Rafael Regalón, sería presuntamente el encargado de librar mandamientos de devolución de fianzas carcelarias a los abogados de los acusados, cuando éstos en realidad estaban en rebeldía.

El dinero, que alcanza la cifra aproximadamente 153.000 euros, más de 25 millones de las antiguas pesetas, debía haber sido ingresados en el Tesoro Público, pero, según la petición fiscal, se giraba a favor de los letrados, al parecer con la intención después de repartir ese dinero con el secretario judicial. Cada abogado está acusado de haberse quedado presuntamente con parte de esta cantidad económica, aunque unos más que otros, dado que el fiscal detalla 42 casos en los que las fianzas carcelarias debían haber ido a las arcas del Estado por fugarse los acusados y en cambio pudieron ir a manos de sus representantes legales. La más citada en este caso es María del Carmen Blanco, seguida de Antonio Zapata, Abdelkader Mimón y Felipe Castillo.

La Fiscalía reconoce para uno de los cuatro abogados acusados, Antonio Zapata, la atenuante de reparación de daños en los delitos de malversación después de que devolviera el dinero que presuntamente hubiera cobrado indebidamente.

Petición de penas
El representante del Ministerio Público, después de detallar cada una de las acusaciones, pide para el secretario judicial una pena de 7 años y 5 meses de prisión e inhabilitación absoluta por 12 años por un delito continuado de malversación de caudales públicos; 7 años y 5 meses de prisión, 30 meses de multa con una cuota diaria de 5 euros, e inhabilitación especial por tiempo de 7 años y 5 meses por un delito continuado de falsedad y 9 años de prisión y multa de 18 meses con cuota diaria de 5 euros por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de estafa.

Para los letrados María del Carmen Blanco, Antonio Zapata, Abdelkader Mimón y Felipe Castillo, a los que acusa de haber cometido supuestamente un delito continuado de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y de estafa, pide penas que oscilan entre los 11 años y los 5 de prisión, además de multa e inhabilitación absoluta. En concreto para María del Carmen Blanco demanda una pena de 4 años y 5 meses de prisión, y 7 años y 9 meses de inhabilitación absoluta por un delito malversación de caudales públicos; 2 años y 6 meses de prisión y multa de diez meses con cuota diaria de 10 euros por un delito falsedad en documento oficial y estafa; y 4 años y 6 meses de prisión y multa de 10 meses con cuota diaria de 10 euros por otro delito de falsedad en documento oficial y estafa.

Para Antonio Zapata, que devolvió el dinero, pide una pena de 1 año y 6 meses de prisión, e inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos; 2 años de prisión y multa de 9 meses con cuota diaria de 10 euros por un delito falsedad en documento oficial y 3 años y siete meses de prisión y multa de 10 meses con cuota diaria de 10 euros por otro delito de falsedad en documento oficial y estafa. Para Abdelkader Mimón el fiscal solicita una pena de 2 años y 2 meses de prisión e inhabilitación absoluta por 5 años por un delito de malversación de caudales públicos; y 2 años prisión y multa de 9 meses con cuota diaria de 10 euros por falsedad en documento oficial. Y para Felipe Castillo, 2 años de prisión e inhabilitación absoluta por 3 años y 6 meses por un delito de malversación de caudales públicos y una pena de 2 años de prisión y multa de 8 meses con cuota diaria de 10 euros por un delito de falsedad en documento oficial.

Asimismo, la Fiscalía subraya que por la vía de responsabilidad civil, procede indemnizar al Estado en la cantidad de unos 153.000 euros (25.465.607 pesetas), de los que respondería directamente el secretario judicial, y solidariamente con él los cuatro abogados (María del Carmen Blanco 12.272.073 pesetas, Antonio Zapata 4.650.000 ptas, Abdelkader Mimón 2.000.000 ptas. y Felipe Castillo 1.239.853 ptas). De igual modo, otros dos letrados que de momento no están imputados, como son Eduardo León y Fernando Meliveo, también se les pide el dinero que hubieran cobrado en forma de fianzas carcelarias, y que debían haber sido ingresados al Tesoro Público al estar sus defendidos en rebeldía, el primero 2.386.566 pesetas y el segundo 600.000 pesetas. Para éstos el fiscal pide a la Audiencia Provincial que se les cite a juicio oral "en su condición de responsables civiles a fin de que puedan ser oídos y, en su caso, vencidos en juicio".