El Gobierno ha dado luz verde a dos anteproyectos que suponen un paso adelante decisivo en la modernización de las organizaciones y voluntarios que trabajan en favor de los colectivos más vulnerables: los de las leyes de Voluntariado y del Tercer Sector de Acción Social. Las entidades y los voluntarios, gracias a ambas leyes, contarán con mayor protección jurídica, cobertura legal, reconocimiento ciudadano y capacidad de interlocución con las administraciones públicas. Según Sanidad, se refuerza el papel de las organizaciones sociales en el diseño y ejecución de las políticas públicas en el campo de los servicios sociales (lucha contra la pobreza, apoyo a los colectivos vulnerables, etc.) y salen reforzados los derechos y deberes de los voluntarios y de las entidades en las que participan, ya que se definen su concepto, su radio de actuación, la conexión con las administraciones y la nueva opción que se abre para que empresas y universidades promuevan iniciativas de voluntariado. Gracias a sendos anteproyectos, el Gobierno avanza en la puesta en marcha de su Agenda Social, destinada a trasladar los síntomas de la recuperación económica a los ciudadanos, en especial a aquellos a los que la crisis ha golpeado con mayor dureza. La ley recoge medidas para el fomento de la sostenibilidad y promoción de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, empezando por el ámbito fiscal, ya que dichas organizaciones se regían por el régimen fiscal general o especial en función de sus características, pero con la nueva norma se reconoce que, al ser su actividad de interés general, se acogerían al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y a los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que reporta mayores ventajas. La administración facilitará el acceso a las fuentes de financiación disponibles, y en esta línea impulsará la responsabilidad social empresarial.
