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La cooperativa de autobuses culpa al Ejecutivo local de tener la situación “fuera de control” y lamenta el “perjuicio que ocasiona a los usuarios”

COA decide mantener la suspensión de la línea 6 hasta que se “garantice la seguridad”

melillahoy.cibeles.net fotos 1100 coa apedreada el sabado colgada por Ivan Septiem

La Cooperativa Ómnibus de Autobuses (COA) anunció ayer que mantiene la suspensión que realiza desde el sábado de la línea seis Quevedo-Mariguari hasta que se "garantice la normalidad y seguridad" del servicio público de autobuses, tras ser apedreado aquel día durante el trayecto en el que iban a bordo unas 20 personas. La COA recordó que lleva desde el año 2008 "más de medio centenar de ataques" y que el Ejecutivo local "sólo lamenta los hechos". La Cooperativa Ómnibus de Autobuses (COA) anunció ayer que sigue con la suspensión de esta línea a causa de los últimos sucesos ocurridos el pasado sábado en durante el trayecto y es que según asegura la COA en un comunicado "ningún seguro cubre estos actos" y estos los financia "exclusivamente la ya maltrecha tesorería de la COA", al no asumir el Gobierno melillense "ninguna responsabilidad social o económica".

A juicio de la cooperativa de autobuses, el Ejecutivo local "no incide en los intereses políticos y se inhibe de reconocer la gravedad de la reiteración de este tipo de sucesos", los cuales alerta COA que son "caldo de cultivo idóneo para que este tipo de ataques tuvieran consecuencias mayores poniendo vidas humanas en peligro".

A su vez, la COA lamenta los "perjuicios ocasionados a los usuarios de la línea" que según la cooperativa "saben que es una línea muy deficitaria por los insuficientes pasajeros residenciales en la zona y por otro lado, la competencia desleal e ilegal de taxis piratas". Asimismo, la cooperativa de autobuses insistió en que "el único responsable" es el gobierno melillense que lleva a cabo "una ineficaz lucha" con aquellos que "generan competencia desleal e ilegal y que sin duda aportan altos beneficios económicos a sus actores (600.000 euros al año) al estar exentos de cualquier obligación fiscal". Según la COA esto "facilita la economía sumergida y la financiación ilegal" que "en algunas casos va en contra de las bases de la sociedad melillense, española y europea”.

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Redacción

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