"Lo triste es que la táctica de los Liarte/Cabanillas, gracias a funcionarios como el actual interventor, está triunfando. Ya tienen a la Ciudad colapsada y a la inmensa mayoría de los proveedores de la Ciudad Autónoma acumulando deudas desde hace más de siete meses, con la sombra, muy cercana, de la suspensión de pagos y el cierre de la empresa. Es, lamentable resulta reconocerlo, justo lo que pretendía esa conjunción político-monopolista sufragado por la Administración Central a la que antes citaba".
La palabra corporativismo tiene dos acepciones. La primera es la de doctrina política y económica, propia de regímenes totalitarios, que defiende la integración de trabajadores y empresarios bajo una misma organización profesional (como ahora en Grecia, por ejemplo). La segunda es la de la tendencia de determinados grupos profesionales a defender sus propios intereses en detrimento de los otros grupos o los generales de la sociedad. A esta segunda acepción me refiero cuando hablo de corporativismo maléfico (aunque en la primera acepción también lo es). Maléfico y muy presente en España, además.
La Asociación pro Guardia Civil (APROGC) de Melilla, que se autocalifica como "la única asociación profesional que representa a la escala superior de oficiales y a la de cabos y guardias" acaba de dar una muestra más de tan lamentable defecto que, insisto y aclaro, no es exclusivo de ellos sino de la inmensa mayoría de las asociaciones o colectivos españoles y representa uno de los mayores males que España padece.
Justo es agradecer a la APROGC que nos "anime" a que presentemos "cuantas querellas estimen convenientes en el Juzgado correspondiente" y les comunicamos, para su satisfacción, que ya hemos presentado las correspondientes denuncias en el correspondiente juzgado contra el capitán jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Melilla por lo que nos parece el indudable delito de conculcar la integridad moral de las personas. No le tengo que agradecer tanto a la Asociación (a cuyo presidente tanto ayudamos cuando nos lo pidió, entre otras cosas porque consideramos que lo que nos pedía era justo) que considere "insólito" que sea "el propio afectado (o sea, yo) el que lo publica a bombo y platillo". ¿Qué ocurre? ¿Es que yo no tengo derecho a escribir, con mi propio nombre, sin esconderme bajo falsos perfiles ni en inventados seudónimos? ¿Es que no existe, al menos un poco, la libertad de expresión como derecho constitucionalmente básico? Y menos les agradezco, si es que al hablar de "ciertos editores de Melilla" se refieren a mí, que yo tenga en mi cabeza "amedrentar a uno sólo de los guardias civiles". No tengo la menor intención de asustar a nadie, pero lo que sí les aclaro es que voy a luchar hasta la extenuación, como lo he hecho toda mi vida, para que nadie pueda abusar de mí o de las personas en general, por mucho que lo intente y sea quien sea el que lo intente, ni voy a permitir, si puedo evitarlo, que se inventen cosas que no he hecho para intentar justificar lo legalmente injustificable.
"El Honor es la principal divisa de la Guardia Civil, una vez perdido no se recupera jamás" dice la APROG en el último párrafo de su carta. Estoy de acuerdo y sé que la mayoría de los guardias civiles hacen honor, valga la redundancia, a su divisa. Pero el Honor no es exclusiva de los guardias civiles. Los demás ciudadanos, yo incluido, también lo tenemos y debemos defenderlo de los que intentan quitárnoslo, sean quienes sean y aunque sea un guardia civil.
No es el corporativismo el único mal que asola España. Hay muchos males más, entre ellos el enorme, insoportable, angustioso peso de la administración pública, un peso inaguantable, especialmente en Melilla, ciudad en la que, según datos oficiales de la Encuesta de Población Activa, el 43% de los trabajadores son empleados públicos directos, un porcentaje muy por encima del ya enorme porcentaje de empleados públicos que España tiene, mucho más alto, también, que el de cualquiera de los países democráticos y desarrollados. Si en nuestra ciudad, al 43% de personas que son empleados públicos directos le sumamos los indirectos la conclusión, no me cabe duda, sería que más del 90%, de los melillenses, excluyendo a los que se dedican al contrabando y al tráfico de drogas, dependen de los fondos públicos, lo que explica el aire mortecino de nuestra economía y las escasas, por no decir nulas, posibilidades de desarrollo económico que Melilla tiene, como no la tienen Corea del Norte y Venezuela, por poner dos ejemplos, o no la tuvo la Alemania del Este versus la del Oeste, en tiempos pasados pero próximos.
Y la situación es aún más grave cuando nos encontramos con funcionarios como el actual interventor de la Ciudad, ubicado en la Consejería de Economía y Hacienda, aunque morando, cuando no está de vacaciones (veinte días en Navidad, apenas llegado a su nuevo cargo y en medio de innumerables retrasos de pagos a todo tipo de proveedores municipales), morando en su particular nirvana en el que no hace casi nada, excepto evitar firmar casi cualquier cosa, excepto lo que tenga que firmar para que los funcionarios públicos cobren a tiempo. El colapso al que el actual interventor ha llevado a la ciudad es inenarrable. Se escuda en que hay denuncias y tiene miedo, alimentando así la táctica de denunciar todo y por todo que aplican políticos tan deleznables, tan inútiles y tan dañinos como el inmensamente torpe político del PPL que es Julio Liarte, apoyado por un empresario monopolista y multimillonario como Gustavo Cabanillas, que sigue explotando -y manejando de una manera totalitaria- una televisión ilegal, Cablemel, que incluso asalta recintos como el Campo de Golf para intentar sembrar el pánico y que utiliza desde hace años, hasta ahora impunemente, unos cables subterráneos tendidos ilegalmente por las entrañas de nuestra ciudad. Eso sí que son presuntos delitos, que se debían perseguir de oficio.
Lo triste es que la táctica de los Liarte/Cabanillas, gracias a funcionarios como el actual interventor, está triunfando. Ya tienen a la Ciudad colapsada y a la inmensa mayoría de los proveedores de la Ciudad Autónoma acumulando deudas desde hace más de siete meses, con la sombra, muy cercana, de la suspensión de pagos y el cierre de la empresa. Es, lamentable resulta reconocerlo, justo lo que pretendía esa conjunción político-monopolista sufragado por la Administración Central a la que antes citaba. Ahora la opinión generalizada es que venga el Podemos, Ganemos o el Atila que sea, porque lo que hay es insoportable. Ahora la venganza de Ignacio Velázquez, que fue desalojado del poder municipal gracias a la creación de un aire de inestabilidad insoportable para los ciudadanos melillenses, está a punto de consumarse, gracias, de manera muy destacable, a funcionarios como el actual interventor municipal, tan espléndidamente pagado como extraordinariamente ignorante de lo que es la verdadera función de un interventor, función que, desde luego, no es la de paralizar todo y no pagar a los proveedores, sino la de indicar cómo evitar lo que puede no estar bien hecho, señalando el camino para que lo que se tenga que hacer, como pagar lo que evidentemente se debe, se haga. El interventor debe ser cesado, ahora, no después de las elecciones. Y, es mi opinión, debe ser denunciado por los muchos melillenses que se van a quedar sin cobrar y que muy probablemente van a perder su puesto de trabajo. Debe ser denunciado, él, por presunta y masiva prevaricación.
