La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera "muy dudosa" la disposición adicional que introdujo el Congreso al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para legalizar las devoluciones en caliente y espera que la tramitación en el Senado conlleve una modificación "aceptable" del texto. Además, el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2014 refleja la situación particular de Ceuta y Melilla donde los problemas del sistema de asilo tienen su origen, fundamentalmente, por "la restricción de la libertad de circulación de los solicitantes impuesta por la Administración que aún continúa, frente al criterio de esta institución y de varias resoluciones judiciales".
Sobre las "devoluciones en caliente", la Defensora del Pueblo señala que "la ley de seguridad introduce una disposición adicional muy dudosa en relación con los grupos de personas que intentan entrar de forma no regular. Afortunadamente, se va a debatir una modificación de esa disposición adicional que cambia la situación radicalmente y va a hacer viable y posible que las personas puedan solicitar asilo de una manera pacífica y acorde a la ley", dijo.
Becerril comenta que esa modificación, que introduce la salvedad de que estas devoluciones se realicen "en todo caso" de acuerdo a los derechos humanos, "parece aceptable para instituciones como ACNUR, que se ha preocupado de ello". "Nosotros, cuando se apruebe, si es que se aprueba, daremos nuestra opinión, pero desde luego cambia las circunstancias y las cambia a mejor".
Con todo, reitera su posicionamiento respecto a esta práctica que la reforma legislativa denominará "rechazo en frontera", y es que "las personas que están en la valla ya están en territorio español y tienen que ser tratados conforme a la legislación". "La inmigración y la entrada irregular nos ha ocupado a lo largo de todo el año. Hemos ido dando cuenta de todas nuestras actuaciones, pidiendo información a la administración de justicia o a la Fisacalía en muchos casos, que siempre nos contesta, y mantenemos nuestra firmeza en la defensa de los Derechos Humanos y nuestra posición sobre las fronteras españolas y de la Unión Europea en Ceuta y Melilla", señala.
Oficinas de asilo
Sobre las oficinas para recoger peticiones de protección internacional que el Ministerio del Interior prevé inaugurar próximamente en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, dijo que la institución "va a vigilar y estar atenta a cómo son estos centros de acogida", celebra que "la Unión Europea ha facilitado medios" para su construcción y afirma que en todo caso, es "un paso adelante".
En relación a lo acontecido este año en materia de migraciones, con varios agentes y mandos de la guardia civil imputados en distintos procedimientos en Ceuta y Melilla a raíz tanto de la tragedia de El Tarajal como de las devoluciones en caliente, Becerril incidió en que sobre casos bajo proceso judicial, el Defensor del Pueblo no puede pronunciarse.
En este sentido, el informe recoge cómo tras abrir actuaciones por estos sucesos, una sobre las muertes camino de la playa ceutí de El Tarajal y al menos otras dos sobre devoluciones en la valla melillense, estas se han suspendido al pasar los casos a manos de un juez. No obstante, sí ha elevado recomendaciones y recordatorios de deberes legales tanto al Ministerio del Interior como a la Guardia Civil en relación a la gestión de las migraciones.
Recomendaciones
En noviembre de 2013, elevó dos recomendaciones al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Una, para que retirase el alambre con cuchillas que corona las vallas fronterizas y lo sustituyera por "un mecanismo no cortante", pero conforme ha reconocido Becerril, el ministerio "no ha hecho mucho caso, todavía".
La otra recomendación era para que dictase instrucciones a la Guardia Civil recordándoles "que cuando se intercepte a un extranjero que intente entrar irregularmente, la respuesta de los agentes de la Guardia Civil debe ser su puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería". Tampoco fue aceptada, señala.
Ceuta y Melilla
Por otra parte, el informe del Defensor del Pueblo del año 2014 refleja la situación particular de Ceuta y Melilla donde los problemas del sistema de asilo tienen su origen, fundamentalmente, por "la restricción de la libertad de circulación de los solicitantes impuesta por la Administración que aún continúa, frente al criterio de esta institución y de varias resoluciones judiciales".
Explica que como no pueden desplazarse libremente, tienen que entrar en programas de traslado organizados por la Administración. Es "petición insistente" del Defensor del Pueblo que quienes tengan admitida la solicitud a trámite sean trasladados, pero "las actuaciones seguidas, tras la última visita girada a Melilla en los últimos días del año 2014, han puesto de manifiesto que se producen disfunciones para el efectivo traslado de los demandantes de asilo que pueden ser subsanadas".
Una de las que cita es "la demora en la emisión de las tarjetas de identificación de solicitante de asilo", documento que a juicio de la Defensora, podría expedirse en la Península, ya que los emitidos en las ciudades autónomas no tienen validez en el resto del país por la restricción de la libertad de circulación, así que cuando son trasladados tienen que conseguir el papel de nuevo.
"Tampoco se ha avanzado en la redacción de instrucciones para ofrecer un marco de actuación más preciso en aquellos supuestos en los que se solapa el procedimiento de asilo con el establecido para la identificación de víctimas de trata", dice también el informe del Defensor del Pueblo. Su actuación para clarificar la tramitación de estos casos "no ha tenido resultados positivos" porque la Comisaría de Extranjería y Fronteras "estima que no es precisa la emisión" de esas directrices.
